La Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública solicitó la suspensión inmediata de la licitación para la remodelación y ampliación del Hospital San Juan de Dios y Materno Infantil de Bogotá, un proceso valorado en más de 292.914 millones de pesos. El ente de control pidió a la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas (ANIM) y a la fiduciaria DaviBank que detengan el proceso mientras se revisan las alertas detectadas, entre ellas la falta de sustento técnico de los criterios financieros utilizados, la ausencia de registro de la licitación en el SECOP y dudas sobre la composición accionaria de uno de los proponentes.
La licitación, que solo tuvo dos proponentes, ha sido cuestionada por el activista anticorrupción Camilo Alberto Enciso Vanegas, fundador del Instituto Anticorrupción y de la Red Latinoamericana de Cumplimiento. Enciso denunció que la licitación pública número 24 no aparecía registrada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) y que la empresa Geoconstrucciones CorpSAS, integrante del Consorcio San Charbel Lupinta Layo, habría cambiado su composición accionaria de un día para otro. Según la denuncia, seis días antes de presentar la propuesta para el hospital, en otro proceso la compañía reportaba una composición accionaria diferente, sin la presencia de Andrei Montes Jaramillo como socio. Sin embargo, Montes, quien inicialmente negó cualquier vínculo con Geoconstrucciones o con la licitación, al día siguiente presentó una declaración juramentada afirmando ser socio con una participación del 20% y respaldando la propuesta.
Las alertas de la Procuraduría
La Procuraduría detectó que los indicadores financieros empleados para evaluar a los proponentes —liquidez, endeudamiento, cobertura de intereses, rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo— carecen de documentos que sustenten su determinación. “No cuentan con documentos que sustenten su determinación”, señaló la Delegada en su solicitud. El organismo justificó su intervención “teniendo en cuenta la relevancia que representa el proyecto de infraestructura hospitalaria para la ciudad de Bogotá, así como los recursos públicos comprometidos”. Adicionalmente, la Procuraduría pidió verificar la integridad de todo el proceso contractual antes de continuar, ante posibles irregularidades en la documentación de los proponentes y posibles violaciones a los principios de publicidad e igualdad.
“No cuentan con documentos que sustenten su determinación”
Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública
Desde la sociedad civil, Camilo Enciso ha insistido en que hay inconsistencias graves. “¿Cuándo el señor Montes se volvió socio? ¿Por qué cambió su posición de un día para otro?”, cuestionó el activista, quien añadió que “acá hay gato encerrado”. Enciso pidió frenar el contrato “hasta que no se haya verificado la integridad de todo el proceso contractual”. La solicitud de suspensión deberá ser analizada por la ANIM y DaviBank antes de que el proceso pueda continuar.
“¿Cuándo el señor Montes se volvió socio? ¿Por qué cambió su posición de un día para otro?”
Camilo Alberto Enciso Vanegas, activista anticorrupción
El proyecto de remodelación y ampliación del Hospital San Juan de Dios y Materno Infantil fue impulsado durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro y cuenta con acuerdos previos entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá por hasta 1,6 billones de pesos. La magnitud de los recursos comprometidos y la necesidad de una infraestructura hospitalaria para la capital hacen que la transparencia del proceso sea un asunto de interés público. Ahora, la ANIM y DaviBank tienen la responsabilidad de resolver las dudas planteadas por la Procuraduría y los denunciantes, mientras la ciudad espera una definición que garantice que los recursos lleguen al hospital sin vicios de corrupción.
