En un movimiento que agita aún más el espinoso expediente del brigadier general Juan Miguel Huertas Herrera, el presidente Abelardo de la Espriella firmó el miércoles 19 de agosto de 2026 el Decreto 1252, que oficializa el retiro voluntario del oficial del servicio activo del Ejército Nacional. La salida efectiva del alto mando, quien acumula cerca de 38 años de trayectoria castrense, quedó fijada para el próximo 14 de septiembre, luego de que la solicitud de desvinculación fuera trasladada el 13 de agosto. La firma presidencial llega en medio de una tormenta de graves señalamientos que involucran a Huertas en presuntos nexos con disidencias de las Farc y un caso de ejecuciones extrajudiciales que cursa en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El brigadier general, quien en sus últimos cargos se desempeñó como director del Comando de Personal del Ejército (Coper), no es ajeno a la controversia. Su carrera ha estado marcada por un tenso vaivén entre retiros y reintegros. Ya había sido separado de la institución en diciembre de 2021, durante el gobierno de Iván Duque, al ser llamado a calificar servicios tras informes de inteligencia que cuestionaban su lealtad. Sin embargo, el gobierno de Gustavo Petro ordenó su reintegro en agosto de 2025, apenas meses antes de que estallara un nuevo escándalo que lo salpica directamente.
Filtraciones, disidencias y una empresa fachada
El epicentro de las nuevas acusaciones se encuentra en una investigación de Noticias Caracol, revelada en 2025, que destapó una presunta infiltración de disidencias de las Farc, comandadas por alias Calarcá, en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). A Huertas se le atribuye la filtración de información clasificada que incluía detalles sobre movimientos de tropas, operaciones en desarrollo en regiones como Antioquia y Catatumbo, así como códigos y frecuencias radiales. Las pesquisas también apuntan a una conversación sobre una empresa de seguridad que habría operado como fachada. En este entramado también es mencionado el exdirector de Inteligencia Estratégica de la DNI, Wilmar Mejía.
Frente a estas graves imputaciones, el oficial ha rechazado por completo cualquier vínculo con los grupos ilegales. En su defensa, Huertas ha manifestado que las fechas en las que se habrían dado esos contactos coinciden con un período en el que él ya se encontraba retirado del Ejército, sugiriendo que fue víctima de una suplantación de identidad. Como medidas previas, la Procuraduría abrió una indagación preliminar y ordenó su suspensión provisional, mientras que a principios de 2026 fue trasladado a funciones administrativas, un movimiento que ya anticipaba su salida del primer plano operativo.
El fantasma de los ‘falsos positivos’ en la JEP
Paralelamente al caso de las filtraciones, Huertas arrastra otro proceso que ensombrece su legado. La JEP lo investiga por una ejecución extrajudicial ocurrida en 2003 en Granada, Antioquia, cuando se desempeñaba como oficial de operaciones. El caso, que la opinión pública asocia con la nefasta práctica de los ‘falsos positivos’, cobró fuerza tras la declaración del exoficial Edwin Leonardo Toro, quien acusó a Huertas de inducirlo a cometer asesinatos y de firmar informes militares que presentaban a civiles inocentes como si hubieran caído en combate. La JEP, que ya lo había citado en el pasado, volvió a llamarlo a rendir una nueva versión voluntaria, en un proceso que busca esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades.
«En las fechas señaladas él se encontraba retirado»
Juan Miguel Huertas Herrera, Brigadier General
