El exdirector de Colombia Compra Eficiente, Cristóbal Padilla Tejeda, rechazó de manera categórica los señalamientos contenidos en el denominado ‘Libro de la Verdad, Ejemplo Anticorrupción’, un documento difundido por el equipo de la Vicepresidencia que cuestiona su gestión al frente de la entidad, particularmente en lo relacionado con un acuerdo marco de ciberseguridad. Padilla, quien dejó el cargo el pasado 6 de agosto de 2026, publicó el 18 de agosto una carta pública dirigida al presidente Abelardo de la Espriella Otero y al vicepresidente José Manuel Restrepo Abondano, en la que responde punto por punto a las críticas y califica la interpretación del informe como una comprensión equivocada del funcionamiento de los Acuerdos Marco de Precios.
En su misiva, Padilla sostiene que el informe oficial parte de una base errónea al tratar los Acuerdos Marco de Precios como si fueran contratos tradicionales, cuando en realidad son instrumentos de agregación de demanda que no implican una adjudicación directa de recursos. “El informe ‘Libro de la Verdad’ hace señalamientos sobre mi gestión que parten de una comprensión equivocada de cómo funcionan los Acuerdos Marco de Precios”, afirmó el exdirector, quien además aclaró que no se está adjudicando un contrato por 300.000 millones de pesos, ni Colombia Compra Eficiente está comprometiendo directamente esos recursos. La cifra, explicó, corresponde al valor estimado de las posibles compras que las entidades públicas podrían realizar a través del acuerdo, pero el proceso se activa con una suma inicial de apenas 50 pesos, sin que ello represente una obligación presupuestal.
Los argumentos de Padilla frente al proceso de ciberseguridad
El exdirector detalló que el cronograma del proceso de ciberseguridad, registrado en la plataforma Secop II, muestra que el pliego definitivo se publicó el 9 de julio de 2026 y que el plazo para recibir observaciones se extendía hasta el 21 de agosto de 2026, lo que desvirtúa la afirmación de que existía una intención de adjudicar el 25 de julio. “No existía una intención de adjudicar este proceso el 25 de julio de 2026”, subrayó Padilla, quien también se refirió a la suspensión temporal ordenada por la Procuraduría, calificándola como una medida preventiva y de fortalecimiento institucional, no como una prueba de que los hallazgos hubieran sido comprobados. En ese sentido, rechazó la ausencia de documentos tipo en el proceso, señalando que los Acuerdos Marco de Precios y los documentos tipo son instrumentos jurídicos distintos, con finalidades y regulación diferentes.
“No se está adjudicando un contrato por $300.000 millones, ni Colombia Compra Eficiente está comprometiendo directamente esos recursos”
Cristóbal Padilla Tejeda, exdirector de Colombia Compra Eficiente
Padilla también aprovechó su carta para aclarar aspectos del acuerdo marco de medicamentos, otro de los puntos cuestionados en el ‘Libro de la Verdad’. Explicó que Colombia Compra Eficiente solo establece reglas generales, estándares y precios de referencia, sin adjudicar recursos ni entregar presupuestos a proveedores. En ese contexto, el exdirector afirmó no haber recibido comunicación, requerimiento, observación o auditoría verificable sobre el supuesto control fiscal preventivo mencionado en el informe, lo que refuerza su tesis de que los señalamientos carecen de sustento verificable. Como balance de su gestión, destacó ahorros por 14 billones de pesos generados mediante la agregación de demanda, así como avances en transparencia y modernización de la contratación pública.
La controversia se produce en medio de un cambio de administración en Colombia Compra Eficiente y pone en el centro del debate público la gestión de una entidad clave en la contratación estatal, mientras el Gobierno Nacional, a través de la Vicepresidencia, impulsa el ‘Libro de la Verdad’ como una herramienta de lucha anticorrupción. La respuesta de Padilla, sin embargo, busca dejar en claro que los cuestionamientos se basan en una interpretación errónea de los instrumentos de contratación que él defendió durante su gestión, y que los procesos cuestionados aún están en curso o fueron suspendidos sin que se hayan comprobado irregularidades.
