Una millonaria deuda de aproximadamente 10.336 millones de pesos colombianos, equivalentes a cerca de 6 millones de dólares, tiene al borde del colapso la conectividad de 14 entidades clave del Estado colombiano. La disputa comercial entre Andean Tower Partners (ATP) y TV Azteca amenaza con dejar sin servicio de internet a instituciones como la Fiscalía, la Policía Nacional y diversas zonas del departamento del Chocó, que aún se recupera del terremoto del pasado 10 de agosto. La empresa propietaria de las torres, ATP, representada legalmente por Saira Ballesteros, dio por terminados los contratos de arrendamiento de 419 torres de telecomunicaciones tras más de cinco meses sin recibir pago, con una mora que se remonta a febrero de 2026. La notificación de terminación se efectuó el 24 de julio y, de no mediar una solución, la afectación podría materializarse a partir del sábado 22 de agosto, con una excepción para las zonas del terremoto en Chocó, cuyo plazo se extendió hasta octubre de este año.
La red de fibra óptica involucrada en este conflicto es parte del Proyecto Nacional de Fibra Óptica, un tendido de 32.000 kilómetros que alcanza 788 municipios en 27 departamentos y conecta aproximadamente a 2.000 instituciones públicas. Las 14 entidades que se verían directamente afectadas incluyen, además de Fiscalía y Policía, al Dane, Ministerio de Trabajo, Colpensiones, Agencia Nacional de Tierras, Invías, Registraduría, Medicina Legal, Banco Agrario y el Consejo Superior de la Judicatura, así como instituciones educativas y de salud que dependen de esa conectividad para su operación diaria. La disputa ha escalado a una denuncia penal presentada por TV Azteca ante la Fiscalía por presuntos delitos de extorsión agravada y obstaculización ilegítima de sistemas informáticos, mientras que ATP sostiene que asumió los costos operativos durante más de cinco meses ante el reiterado incumplimiento de pago.
Declaraciones cruzadas y mediación del MinTIC
En medio de la tensión, las partes han intercambiado señalamientos. Fabio Humar, apoderado de TV Azteca Sucursal Colombia, cuyo representante legal es José Armando Montes de Peralta, afirmó que “no hay duda que entre las partes hay una disputa de índole comercial, que se debe resolver conforme a lo pactado en el contrato suscrito y ejecutado, pero amenazar con el uso de acciones por fuera del ordenamiento legal, que están más cerca del constreñimiento, no puede ser permitido, mucho menos en momentos en que el país no puede, por ningún motivo, perder conectividad”. Por su parte, Saira Ballesteros, representante legal de Andean Tower Partners, declaró que “no es una deuda que venga de hace pocos meses”, justificando la decisión de dar por terminados los contratos ante el grave y reiterado incumplimiento. ATP envió una comunicación al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) solicitando acompañamiento para reducir el impacto en las comunidades beneficiarias, mientras que TV Azteca remitió el 18 de agosto una carta al viceministro de Conectividad, Camilo Carrascal Vergel, informando sobre el conflicto.
“No hay duda que entre las partes hay una disputa de índole comercial, que se debe resolver conforme a lo pactado en el contrato suscrito y ejecutado, pero amenazar con el uso de acciones por fuera del ordenamiento legal, que están más cerca del constreñimiento, no puede ser permitido, mucho menos en momentos en que el país no puede, por ningún motivo, perder conectividad”
Fabio Humar, apoderado de TV Azteca
La amenaza de desconexión no es un hecho aislado en la región. En 2022, un corte en la red de fibra operada por Azteca ya había dejado sin conectividad a 16 municipios del Chocó. Ahora, el escenario es más crítico porque el departamento enfrenta la emergencia humanitaria derivada del terremoto del 10 de agosto, una situación que llevó a ATP a extender excepcionalmente el plazo de desconexión en las zonas afectadas hasta octubre de 2026. La empresa notificó a TV Azteca y a Total Play, la otra operadora involucrada, que tienen 30 días para retirar sus equipos de las 419 torres consideradas infraestructura crítica. A la deuda principal de aproximadamente 10.336 millones de pesos se suman intereses de mora cercanos a los 567 millones de pesos, lo que agrava un conflicto que, de no resolverse, podría dejar al país sin conectividad en momentos cruciales para la atención de la emergencia y la operación del Estado.
