En una iniciativa que busca transformar el sistema educativo colombiano, un grupo de congresistas de distintas bancadas radicó este 19 de agosto en el Congreso de la República un proyecto de acto legislativo que modificaría el artículo 67 de la Constitución para ampliar la educación obligatoria hasta los 17 años, incluyendo los grados décimo y undécimo. La propuesta, impulsada por los senadores Hernán Cadavid (Centro Democrático) y Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso), junto al representante Gabriel Becerra (Pacto Histórico), cuenta con el respaldo de la Alianza para la Transformación de la Educación Media (ATEM) y busca cerrar una brecha crítica: actualmente solo la mitad de los adolescentes en edad de cursar educación media está matriculada.
El punto más crítico de deserción escolar en Colombia ocurre precisamente en la transición hacia los grados décimo y undécimo, cuando muchos jóvenes abandonan las aulas por falta de oportunidades, recursos económicos o por la ausencia de oferta educativa en sus territorios. Según el Observatorio de Realidades Educativas (ORE) de la Universidad Icesi, apenas cerca de la mitad de los adolescentes que deberían estar cursando estos niveles se encuentra efectivamente matriculada. Las disparidades regionales son enormes: mientras algunas entidades locales alcanzan coberturas cercanas al 80%, departamentos como Amazonas, Guainía y Vaupés presentan tasas considerablemente menores, lo que evidencia que el lugar de nacimiento sigue determinando las posibilidades de acceder a una educación completa.
Los detalles de la propuesta
El proyecto de acto legislativo, que modifica el artículo 67 de la Constitución, establece que la educación obligatoria debe cubrir desde la educación preescolar hasta el grado undécimo, es decir, hasta los 17 años de edad. Además de garantizar la asequibilidad y el acceso, la reforma plantea que el Estado debe asegurar la permanencia, la aceptabilidad y la calidad educativa. Esto implica un compromiso directo con la infraestructura, la formación docente y los programas de apoyo a estudiantes en situación de vulnerabilidad. La iniciativa impacta especialmente a jóvenes de zonas rurales y territorios históricamente excluidos, donde las trayectorias educativas suelen truncarse antes de llegar a la educación media.
«En Colombia pareciera que el derecho a la educación termina cuando los y las adolescentes se gradúan de noveno. Nuestro proyecto busca cambiar esa realidad que se vive en el país, garantizando un acceso desde la educación preescolar hasta la educación media, abriéndole las puertas del progreso a la juventud, lo que se traduce en mejoras para toda Colombia. Porque terminar el colegio debería ser un derecho, no un privilegio».
Jennifer Pedraza, senadora del partido Dignidad y Compromiso
El representante Gabriel Becerra, del Pacto Histórico, complementó la visión al señalar que garantizar la educación obligatoria desde la primera infancia hasta los 17 años implica reconocer el derecho a la educación como un pilar fundamental. «Con esta reforma buscamos que desde la primera infancia la niñez no se vea obligada a abandonar el colegio por falta de oportunidades ni que la educación sea un privilegio determinado por el lugar donde se nace o los ingresos de la familia. El Estado debe garantizar trayectorias educativas completas, especialmente en las zonas rurales y en los territorios históricamente excluidos», afirmó Becerra.
«Garantizar la educación obligatoria desde la primera infancia hasta los 17 años, es reconocer el derecho a la educación. Con esta reforma buscamos que desde la primera infancia la niñez no se vea obligada a abandonar el colegio por falta de oportunidades ni que la educación sea un privilegio determinado por el lugar donde se nace o los ingresos de la familia. El Estado debe garantizar trayectorias educativas completas, especialmente en las zonas rurales y en los territorios históricamente excluidos».
Gabriel Becerra, representante a la Cámara por el Pacto Histórico
La Alianza para la Transformación de la Educación Media (ATEM), que reúne a organizaciones como Fundación Sura, Instituto Natura, Fundación Corona, Cámara de Comercio de Bucaramanga, Fundación Scarpetta Genneco y Fundación Corazón de Caña, ha trabajado con 11 secretarías de educación en todo el país y respalda la iniciativa. ATEM considera que la discusión en el Congreso debe promover una reflexión amplia sobre la responsabilidad colectiva de garantizar trayectorias educativas completas, entendiendo que la educación media no es un nivel opcional sino un derecho fundamental que, de universalizarse, abriría puertas al desarrollo personal, académico y laboral de millones de jóvenes colombianos.
Con el proyecto bautizado como «De preescolar a once», los promotores esperan que el Congreso inicie el debate de una reforma constitucional que, de prosperar, marcaría un hito en la historia educativa del país, al eliminar el vacío legal que hoy deja por fuera de la obligatoriedad a los grados décimo y undécimo. La meta es que ningún adolescente se vea forzado a interrumpir su formación por razones económicas o geográficas, y que Colombia pueda avanzar hacia una sociedad más equitativa donde el derecho a la educación no termine abruptamente al finalizar el noveno grado.
