El presidente del Gobierno, Abelardo de la Espriella, expidió el pasado 19 de agosto el Decreto 1261 de 2026, mediante el cual se activa la emergencia económica por un plazo de 30 días en 15 departamentos del país, como respuesta al devastador terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto con epicentro en Chocó. La medida, que entró en vigencia de inmediato, permite al Ejecutivo expedir normas con fuerza de ley para financiar las ayudas humanitarias y acelerar la reconstrucción en las zonas más afectadas, ante la insuficiencia de los recursos ordinarios disponibles, que ascienden a apenas 47.265 millones de pesos en la subcuenta principal del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo.
La declaratoria cobija a los departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo, Norte de Santander, Bolívar, Nariño y Sucre, además de todos los municipios que acrediten afectaciones directas. Según el último corte oficial con fecha 20 de agosto a las 6:30 de la mañana, el sismo dejó un saldo de 319 fallecidos, 4.506 heridos y 260 personas desaparecidas. En cuanto a infraestructura, más de 30.000 viviendas resultaron destruidas y cerca de 170.000 averiadas, mientras que 476 municipios reportaron algún tipo de afectación. La emergencia económica habilita al Gobierno a adoptar medidas presupuestales, de crédito público, tributarias, cambiarias y financieras, aunque no crea subsidios automáticos, sino que habilita decretos posteriores para definir su alcance.
Medidas y control constitucional
El decreto contempla la posibilidad de aplicar alivios tributarios, aduaneros y cambiarios temporales, cuyos detalles se establecerán en normas complementarias. Así mismo, el Ejecutivo podrá realizar modificaciones presupuestales, recurrir al crédito público, utilizar recursos del Sistema General de Regalías, gestionar donaciones y disponer de los Fondos de Ahorro y Estabilización. El control de la medida está garantizado: el Ministerio del Interior deberá rendir un informe motivado al Congreso, y la Corte Constitucional recibirá el decreto un día después de su expedición para su revisión automática. La emergencia económica tiene una vigencia de 30 días, tiempo durante el cual el Gobierno deberá expedir los decretos necesarios para atender la calamidad.
En Antioquia, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagran) ha recorrido más de 50 municipios, reportando que el 70% de las viviendas afectadas se encuentran en zonas rurales y que aproximadamente 1.500 familias presentan daños estructurales. La prioridad en ese departamento es la reconstrucción de vivienda rural, para lo cual se ha solicitado apoyo de universidades. En Cundinamarca, la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres verificó afectaciones en 89 viviendas —79 urbanas y 10 rurales—, 80 instituciones educativas, 5 instituciones de salud, así como daños en iglesias, alcaldías, estaciones de Policía, plazas de mercado y establecimientos empresariales. Afortunadamente, en ese departamento no se reportaron fallecidos ni lesionados.
«Este consolidado nos permite tener una lectura actualizada de las afectaciones y avanzar en la ruta de atención establecida por el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Continuamos acompañando a los municipios y verificando la información»
Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca
En el Eje Cafetero —Quindío, Risaralda y Caldas— se reportaron colapsos y averías en viviendas y edificaciones públicas, mientras que en Chocó, el epicentro del terremoto, la situación es crítica con colapso de acueductos, cortes de energía y comunidades enteras aisladas. En Tolima, las réplicas generaron incendios forestales y deslizamientos de tierra. En Valle del Cauca, las redes de acueducto y energía resultaron afectadas en municipios como Cali, Cartago y Sevilla, y se registraron cierres viales por desprendimientos. Otros departamentos como Cauca, Nariño, Huila y Boyacá reportaron afectaciones moderadas a leves, según el consolidado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La declaratoria de emergencia económica busca, precisamente, proveer los recursos y las herramientas jurídicas necesarias para que ningún municipio quede desatendido en esta fase de recuperación.
