En una movida que promete aliviar la carga tributaria de comerciantes y prestadores de servicios en todo el país, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Daniel Briceño, radicó ante el Congreso de la República un proyecto de ley que busca eliminar la retención en la fuente del 1,5% sobre los pagos realizados con tarjetas de crédito y débito por la venta de bienes o prestación de servicios. La iniciativa, presentada el pasado 20 de julio de 2026, pretende añadir el artículo 365-1 al Estatuto Tributario, estableciendo que dichos pagos «no están sometidos a retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta».
Actualmente, esta retención se aplica de manera directa sobre cada transacción que realizan los comercios. Cuando un cliente paga con tarjeta, el banco adquirente descuenta el 1,5% del valor de la venta y lo entrega a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) como un anticipo del impuesto de renta del vendedor. Sin embargo, lejos de ser un impuesto adicional, la exposición de motivos del proyecto argumenta que este mecanismo ha generado una «doble retención» sobre la misma operación, una distorsión que la Dian ha reconocido en múltiples oficios emitidos entre 2018 y 2025. La paradoja es que la retención a título de renta que hace el banco no reemplaza la que debe aplicar el comprador, generando una asimetría que el proyecto busca corregir.
Un alivio frente a la revolución digital
El contexto de la propuesta es el vertiginoso avance de los pagos digitales en Colombia. Para 2026, se estima que estos representan cerca del 71% del total de transacciones, mientras que el efectivo aún domina el 78% del valor de las transacciones de los hogares. En este escenario, la retención del 1,5% se convierte en un obstáculo para la formalización y el uso de medios electrónicos. El proyecto también señala una asimetría tributaria frente a otros métodos de pago digitales como Bre-B y las billeteras electrónicas, que no están sujetos a esta misma carga. De hecho, según la exposición de motivos, el Ministerio de Hacienda inicialmente planteó en octubre de 2025 extender la retención a Bre-B, pero luego cambió de postura entre enero y febrero de este año para respaldar su eliminación para las tarjetas.
«No están sometidos a retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta»
Artículo propuesto 365-1 del Estatuto Tributario
El impacto potencial del proyecto es enorme si se considera que la retención en la fuente a título de renta representó en 2025 un recaudo de 103,61 billones de pesos, es decir, el 35% del total de los 296 billones que ingresaron al fisco colombiano. Si bien la eliminación de esta tarifa específica para tarjetas recortaría una parte de esa cifra, los defensores de la iniciativa aseguran que el beneficio para la actividad comercial y la reducción de la evasión a largo plazo justifican la medida. La ley, de aprobarse, empezaría a regir desde el primer día del segundo mes calendario siguiente a su promulgación y derogaría los artículos del Decreto 1625 de 2016 que sean incompatibles.
Reglas claras y sanciones contundentes
La iniciativa no se limita a eliminar la retención. Para garantizar su cumplimiento y evitar que las entidades financieras sigan aplicando el descuento por inercia, el proyecto faculta a la Superintendencia Financiera para imponer multas de hasta 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes a las entidades que persistan en la práctica. Asimismo, se le otorgan herramientas a la Dian para exigir información exógena a emisores y adquirentes de tarjetas, con el fin de verificar que la nueva regla se esté aplicando correctamente. El Gobierno Nacional dispondrá de un plazo máximo de seis meses para reglamentar la ley una vez sancionada.
Es crucial aclarar que el proyecto no elimina la autorretención para los contribuyentes que ya están obligados a ella, ni afecta otras retenciones por conceptos distintos a la venta de bienes o servicios. La exclusión, al quedar fijada por ley, busca blindar a los comerciantes de futuros cambios reglamentarios del Ejecutivo, blindando un alivio que se espera impulse la economía digital y reduzca la brecha que hoy existe entre los distintos métodos de pago. Con esta propuesta, el representante Briceño pone sobre la mesa un debate que toca el bolsillo de millones de colombianos y el futuro de la tributación en la era digital.
