El Gobierno colombiano, a través del Ministerio de Minas y Energía, analiza en estos momentos diversos mecanismos para aliviar el costo de la factura de energía eléctrica en las regiones más golpeadas por el terremoto del 10 de agosto, evaluando incluso la posibilidad de una congelación temporal de tarifas, aunque hasta el momento no existe una decisión definitiva sobre la medida. Así lo confirmó el viceministro de Minas y Energía, Armando José Cuello, durante su intervención en el Foro Energético Andeg 2026, quien señaló que el Gobierno está trabajando de la mano con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) para encontrar alternativas que mitiguen el impacto económico en hogares y empresas.
El sismo de magnitud 7,4, cuyo epicentro se localizó en San José del Palmar, Chocó, dejó una tragedia de 319 fallecidos, 4.506 heridos y 260 desaparecidos, mientras que 364 personas lograron ser rescatadas. La magnitud del desastre llevó al presidente a declarar el estado de desastre nacional mediante el Decreto 1171 del 11 de agosto, afectando a departamentos como Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo y Norte de Santander. En medio de la emergencia, el servicio eléctrico ya ha sido restablecido en un 97% de las zonas afectadas, aunque la demanda nacional experimentó una caída cercana al 18% tras el evento sísmico.
Propuesta de la Creg para aliviar la liquidez del sector
La Creg ha puesto sobre la mesa un proyecto de resolución, aprobado el pasado 19 de agosto y actualmente en consulta pública, que propone un mecanismo de diferimiento temporal de obligaciones para los comercializadores de energía. De acuerdo con la propuesta, las empresas podrían diferir hasta un 20% de sus obligaciones correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2026, con un periodo de gracia de dos meses y un plazo de pago de 18 meses. Sin embargo, este beneficio no implica una eliminación de la deuda para los usuarios ni para las empresas, sino un aplazamiento que deberá estar respaldado por garantías equivalentes al 100% de las cuotas mensuales del monto diferido.
Para acceder a este alivio, las comercializadoras deberán acreditar que al menos el 50% de su demanda comercial corresponde a municipios declarados como afectados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. El viceministro Cuello fue enfático en que la evaluación de una eventual congelación de tarifas es un proceso delicado que requiere analizar cada caso para no perjudicar la estabilidad del sector privado. «Estamos buscando alternativas para aliviar la billetera de esas familias para que puedan afrontar las necesidades que tienen. Estamos trabajando, sobre todo, en aliviar a las empresas que fueron afectadas y a los usuarios que fueron afectados», afirmó el funcionario.
«Estamos revisando cada caso para buscar alternativas. Es un análisis delicado que tenemos que hacer para poder aliviar a los usuarios sin terminar de afectar a la empresa privada»
Armando José Cuello, Viceministro de Minas y Energía
Un aspecto relevante es que, pese a la magnitud del desastre, la infraestructura de generación eléctrica del país, incluyendo generadores, embalses y centrales térmicas, no resultó afectada por el sismo, lo que garantiza la oferta de energía en el mediano plazo. No obstante, la prioridad del Gobierno es encontrar un punto de equilibrio que permita a los hogares y empresas damnificadas recuperarse sin que las compañías del sector energético sufran problemas de liquidez que puedan poner en riesgo la prestación del servicio. En las próximas semanas se espera una definición sobre la viabilidad de la congelación de tarifas, mientras el proyecto de resolución de la Creg continúa su proceso de consulta pública.
