La Corte Constitucional ordenó medidas urgentes de protección para el pueblo indígena Jiw Zaragoza 7 – Naexal Lajt, que lleva 17 años fuera de su territorio ancestral y ha sufrido cinco desplazamientos forzados, al considerar que su situación constituye una forma de exterminio cultural en curso. Mediante el estudio de una tutela presentada en nombre de la comunidad, el alto tribunal determinó que el “sedentarismo forzado” al que ha sido sometida esta población, de tradición seminómada, afecta directamente su identidad, sus prácticas espirituales, su organización social y su subsistencia. La decisión se produjo luego de constatar que durante más de tres años las autoridades se trasladaron responsabilidades entre sí sin asumir conjuntamente la protección de la comunidad.
Medidas inmediatas y plan de retorno
La sentencia establece plazos taxativos que van de 5 a 20 días hábiles para que las entidades competentes garanticen condiciones básicas, entre ellas el suministro de agua potable con un mínimo de 50 litros por persona al día, servicios sanitarios, atención humanitaria, salud, educación y seguridad para la comunidad que actualmente permanece en condiciones de extrema precariedad en el lugar denominado “Coliseo Azul” en San José del Guaviare. Asimismo, se ordenó la creación de una mesa de trabajo que involucra al Ministerio del Interior, otras entidades nacionales y las gobernaciones de Meta y Guaviare, la cual deberá diseñar en un plazo de 90 días un plan de retorno voluntario o reubicación definitiva para el pueblo Jiw, cuyos territorios ancestrales se encuentran en los departamentos de Meta y Guaviare.
Supervisión y contexto de la crisis
La Corte ya había advertido desde 2009 sobre el riesgo que enfrentaba el pueblo Jiw, sin embargo las medidas posteriores no lograron una solución definitiva. La comunidad ha sido desplazada sucesivamente por el conflicto armado, enfrentamientos internos e inundaciones, situación que el tribunal califica como una “forma de exterminio cultural que ocurre actualmente”. Para garantizar el cumplimiento de lo ordenado, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General vigilarán la ejecución de las medidas y presentarán informes trimestrales. Además, la sentencia incluye la realización de jornadas para registrar civilmente a los miembros de la comunidad y la revisión de las condiciones de seguridad del lugar donde permanecen asentados en el área urbana de San José del Guaviare.
“Sedentarismo forzado”
Corte Constitucional, al describir el impacto en la identidad cultural del pueblo Jiw
Traducción y garantías de participación
En un gesto que reconoce la importancia de la comunicación intercultural, la Corte ordenó que la sentencia sea traducida a la lengua Jiw en un plazo de un mes y que se diseñe una estrategia para explicar la decisión a la comunidad con la participación activa de sus autoridades tradicionales. Asimismo, se exigió acelerar todos los trámites administrativos relacionados con el reconocimiento del territorio indígena y entregar un informe detallado sobre las medidas de protección vigentes para el pueblo Jiw. La decisión del alto tribunal busca poner fin a un ciclo interminable de desplazamientos y omisiones estatales que han mantenido a esta comunidad en un limbo jurídico y humanitario durante casi dos décadas.
