En un movimiento que busca garantizar la transparencia y la eficacia en medio de la emergencia nacional, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, expidió la Resolución 226 del 19 de agosto de 2026, con la cual se crea un grupo especializado para vigilar la atención y la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Este nuevo mecanismo, denominado Grupo para el Seguimiento y la Vigilancia de la Atención de la Emergencia y Reconstrucción de los Territorios Afectados por el Sismo, tiene como objetivo primordial prevenir irregularidades y asegurar que los recursos públicos destinados a la reconstrucción sean ejecutados con la mayor celeridad y rectitud posible.
La decisión de la Procuraduría responde a la declaratoria de calamidad nacional que se produjo tras el sismo, un contexto que exige una supervisión rigurosa desde la fase inmediata de atención humanitaria hasta las decisiones de mediano plazo en la reconstrucción de infraestructura. El grupo no ejecutará obras ni entregará ayudas de manera directa, sino que su labor se centrará en la supervisión de todas las entidades involucradas, tanto a nivel nacional como departamental, distrital y municipal. Los funcionarios designados deberán permanecer en las zonas afectadas y reportar en tiempo real al procurador y al viceprocurador, garantizando así una vigilancia permanente y cercana a la realidad del terreno.
Un equipo multidisciplinario para una supervisión integral
Para cubrir todos los frentes de la emergencia, el grupo estará integrado por siete procuradurías delegadas, cada una con competencias específicas que abarcan desde la contratación y la ejecución presupuestal hasta la protección de derechos fundamentales. Las delegadas de Vigilancia Preventiva de la Función Pública, Gestión y Gobernanza Territorial, Asuntos Étnicos, Defensa de los Derechos Humanos, Asuntos Ambientales, Minero-Energéticos y Agrarios, Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social, y Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer, trabajarán de manera articulada para revisar a fondo la contratación, la reconstrucción de infraestructura, la atención humanitaria, la protección ambiental y la situación laboral y de servicios sociales en las zonas devastadas.
La resolución pone un énfasis particular en la atención a las poblaciones de especial protección constitucional, como niños, niñas y adolescentes, mujeres, adultos mayores, comunidades étnicas, personas con discapacidad y las familias que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Procuraduría ha dejado claro que su función no es reemplazar a las autoridades ejecutoras, sino ejercer una veeduría estricta para que los procesos de reconstrucción y ayuda se realicen sin contratiempos y con pleno respeto por los derechos de todos los afectados, marcando un antes y un después en la forma en que el Estado colombiano enfrenta las emergencias de gran magnitud desde la perspectiva del control preventivo.
