La Fiscalía General de la Nación trasladó formalmente el escrito de acusación contra el brigadier general Wilson Martínez Londoño, oficial de la Infantería de Marina, por el delito de violencia intrafamiliar, una vez concluyó la etapa de investigación bajo el procedimiento penal especial abreviado establecido en la Ley 1826 de 2017. El alto oficial, quien no aceptó los cargos imputados, deberá enfrentar ahora un juicio en el que la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia sustentará las pruebas recolectadas durante más de dos años de indagación.
Los hechos que motivaron la acusación se remontan al periodo de convivencia entre 2022 y 2024, cuando, según el ente acusador, se habría configurado un patrón reiterado de violencia psicológica, económica y vicaria contra su expareja sentimental, cuya identidad no ha sido revelada por razones de seguridad. La investigación, adelantada con enfoque diferencial de género, documentó conductas de control, descalificación constante, rechazo y reiterados cuestionamientos sobre la apariencia física, el trabajo, la vestimenta y el comportamiento de la mujer, afectando su bienestar emocional y físico.
Violencia sin golpes: el patrón de control y descalificación
El caso adquiere especial relevancia porque evidencia que la violencia intrafamiliar no siempre se manifiesta a través de agresiones físicas. Según el escrito de acusación, el brigadier general Martínez Londoño habría ejercido un control sistemático sobre su expareja, incluyendo violencia económica al limitar su autonomía financiera y violencia vicaria al impedirle la relación con su hijo menor de edad, una de las formas más crueles de maltrato que busca dañar a la mujer a través de sus vínculos afectivos. La Fiscalía consideró que la posición de poder del oficial dentro de la institución militar agravaba el contexto de vulnerabilidad de la víctima.
Tras el traslado del escrito, el proceso judicial continúa su curso. El brigadier general no aceptó los cargos, por lo que la fiscal delegada deberá presentar durante el juicio las pruebas que sustentan la acusación, incluyendo testimonios, peritajes psicológicos y documentación que acreditaría el patrón de violencia continuada. El caso ha sido tramitado bajo medidas de protección integral para la mujer, atendiendo a la jurisprudencia colombiana que reconoce la necesidad de un enfoque diferencial en casos donde el agresor ostenta poder institucional.
Este proceso pone de manifiesto que la violencia de género puede permear incluso los más altos rangos de las instituciones del Estado y que la justicia colombiana, a través de la Fiscalía General, avanza en la investigación de delitos que tradicionalmente han permanecido en la esfera privada. El juicio, que se desarrollará bajo el procedimiento abreviado, se constituye en un hecho noticioso de gran impacto social al tratarse de un alto oficial de la Infantería de Marina señalado por hechos que habrían ocurrido durante su vida privada pero que la Fiscalía considera constitutivos de delito.
