El Banco de Talentos del presidente Abelardo de la Espriella, una de las promesas bandera de su campaña para revolucionar el reclutamiento estatal y acabar con las «palancas», logró una masiva convocatoria de más de 270.000 hojas de vida, pero su influencia real en los primeros nombramientos de su gobierno resultó ser mínima. De las 18 jefaturas de ministerio, apenas una provino de esa plataforma: la ministra de Ciencia, Claudia Benavides. El resto de los altos cargos fueron ocupados mayoritariamente por aliados políticos, funcionarios con larga trayectoria pública y antiguos miembros del bufete del mandatario, De La Espriella Lawyers.
La iniciativa, lanzada tres semanas después de la victoria electoral de 2022, fue presentada como una herramienta revolucionaria que usaría inteligencia artificial para evaluar méritos. «Durante años nos hicieron creer que para servirle al país valían más las influencias y las recomendaciones que el mérito. Hoy eso cambia», afirmó el presidente en su momento. Sin embargo, el balance de los primeros 300 nombramientos de la administración revela una realidad distinta. De los primeros 90 cargos de alto nivel, 42 fueron ocupados por personas con experiencia previa en el Estado, y 17 de ellos pasaron directamente de un puesto público a otro, desdibujando la promesa de incorporar a «colombianos que nunca han sido tenidos en cuenta».
«Colombianos que nunca han sido tenidos en cuenta por gobiernos anteriores.»
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia
El gabinete ministerial quedó conformado por figuras de distintas vertientes políticas. El presidente entregó dos ministerios a la bancada del Centro Democrático, que cuenta con 45 parlamentarios más que Creemos, el partido del mandatario, que también obtuvo dos carteras. Entre los nombramientos más destacados figuran José Manuel Restrepo (Defensores de la Patria) en la vicepresidencia, Mauricio Gómez Amín en Comercio, Rodrigo Lara en el Interior, Jorge Eduardo Mora en Defensa, y perfiles como Valerie Lafaurie como consejera para las Regiones o Carlos Ríos al frente del Dapre. El secretario jurídico de la Presidencia, Andrés Barreto, es otro de los nombres que ilustra el predominio de figuras con vínculos cercanos al poder.
Un gabinete de “los nunca” que en realidad sí estuvieron
El análisis de los nombramientos revela que la promesa de gobernar con ciudadanos sin experiencia estatal convivió con la designación de personas que acumulan más de una década en entidades públicas. Es el caso del ministro de Hacienda, Miguel Gómez, quien ha sido vicecontralor, presidente de Bancóldex y embajador. También el de Julián Sterling Olave, secretario general del Ministerio de Cultura, quien figura como contratista o asesor de diversas entidades desde 2011, y Juan Sebastián Betancur, viceministro técnico de Hacienda, vinculado a esa cartera desde 2015. La presencia de antiguos socios y familiares del presidente también es notable. Del bufete De La Espriella Lawyers salieron nombramientos como el de Yoly Illidge (exesposa del mandatario) en la Superintendencia de Notariado y Registro, Diana Bravo en la presidencia de la SAE, Julia Eva Pretelt como Superintendente de Sociedades, y Jensy Johana Osorio como directora de la Unidad para las Víctimas, entre otros.
La aplicación del criterio de «coherencia y compromiso» que ordenó el presidente para frenar designaciones de quienes trabajaron con Gustavo Petro tampoco fue uniforme. Aunque De la Espriella dio la orden de descartar personas de la administración anterior, varios funcionarios de ese cuatrienio conservaron sus cargos, como el propio Andrés Barreto, Betancur y Sterling. En contraste, Carlos Sepúlveda fue descartado para dirigir el Departamento Nacional de Planeación, mientras que Julián Buitrago, quien fue asesor en la Agencia de Desarrollo Rural del gobierno anterior, sí fue nombrado. La representación regional también dejó ver el peso de casas políticas. El gabinete incluye a nueve departamentos, pero un tercio proviene de la Costa Caribe, con figuras vinculadas a la Casa Char, como Elsa Noguera y Mauricio Gómez Amín, o al ‘ficouribismo’ con Juliana Gutiérrez, Natalia López y Paola Holguín.
El Banco de Talentos, mientras tanto, ya cerró su convocatoria. Las más de 270.000 hojas de vida, evaluadas con inteligencia artificial, quedan como una reserva de potenciales funcionarios para los próximos cuatro años. La pregunta que queda en el ambiente es si esta gigantesca base de datos de colombianos que quisieron servir a su país sin recurrir a influencias servirá para renovar la burocracia en el futuro o si, como en los primeros meses, la experiencia, la política y los vínculos personales pesarán más que el mérito en la Casa de Nariño.
