La psicóloga Liz Marian Rengifo fue asesinada el 19 de junio de 2019 dentro de una buseta de servicio público que cubría la ruta entre Yumbo y Cali, en un crimen que, según revela el expediente judicial, habría sido planeado y financiado por su medio hermano y la madre de este para impedir que la mujer asumiera el control de la herencia de su padre, un arquitecto con discapacidad mental. La víctima, quien se desempeñaba como psicóloga en la comisaría de familia de Yumbo, fue acribillada con seis disparos por un sicario que descendió de una camioneta, abordó una motocicleta y se subió al bus para cumplir el objetivo. Los implicados en el crimen son Juan Carlos Rengifo Valencia, medio hermano de la víctima; Sandra Milena Valencia Ceballos, madre de este; y Víctor Hugo Agudelo Caro, conocido como alias Mocho, quien habría sido el contratista del asesinato y falleció durante la pandemia de COVID-19. Un testigo clave, José Armando Toro Giraldo, exhombre de confianza de alias Mocho, reveló que el plan comenzó a gestarse tres meses antes y debía ejecutarse un día antes de que Liz recibiera el control completo de las propiedades de su padre.
De acuerdo con la investigación, una camioneta y dos motocicletas siguieron la buseta desde Yumbo. Un hombre bajó de la camioneta, se subió a una moto y luego abordó el vehículo de transporte público para disparar seis veces contra la psicóloga. Tras el ataque, el escolta de alias Mocho, identificado como Mauricio Trejos, subió a la buseta para tomar una fotografía del cuerpo y la envió por WhatsApp a Sandra Milena Valencia. La celebración del crimen se llevó a cabo en la discoteca El santo y la diabla, ubicada en el municipio de La Unión, Valle del Cauca, donde se reunieron Juan Carlos, alias Mocho, Sandra Milena y Martha Isabel Castillo, esposa de Agudelo Caro. El testigo clave declaró que Sandra Milena entregó 30 millones de pesos en efectivo como adelanto del pago total del asesinato, que ascendía a 40 millones de pesos, y que le habría dicho al contratista que no tenía todo el dinero en ese momento porque el precio era muy caro.
Una disputa por una millonaria herencia
El móvil del crimen, según el abogado de las víctimas, Genaro Restrepo Zuluaga, fue la disputa por la administración de los bienes del padre de Liz Marian Rengifo, un arquitecto que recibe entre 10 y 20 millones de pesos mensuales en arriendos y cuyo patrimonio incluye 20 hectáreas urbanizables para un proyecto de mil casas. «Ya lo dijo aquí la madre de Liz, ella se había convertido en una piedra en el zapato de Sandra Milena Valencia Ceballos y del hijo, Juan Carlos Rengifo Valencia», afirmó el abogado. «Ella comenzó a destapar ese entramado de corrupción y era una piedra en el zapato porque les ponía en peligro ese mando que tenían sobre los bienes del arquitecto». La víctima comenzó a investigar la administración de los bienes de su padre al notar su deterioro mental y la falta de atención médica que recibía. Un juzgado entregó inicialmente la administración a Sandra Milena Valencia, y luego a Juan Carlos Rengifo Valencia al alcanzar la mayoría de edad. Liz promovió audiencias ante la juez del caso para conocer el estado de los bienes, pero nunca obtuvo respuestas.
La Fiscalía acusó a los tres imputados por homicidio agravado, pero alias Mocho falleció durante la pandemia y los otros dos recuperaron la libertad tras ocho meses de prisión por vencimiento de términos. El abogado Restrepo Zuluaga denunció que, pese a la orden judicial de consignar el dinero de las ventas de lotes en la cuenta del arquitecto, los acusados continúan administrando los bienes. «Sandra Milena está libre, vive en La Unión con sus tres hijos y Juan Carlos Rengifo Valencia, el hijo de Sandra Milena, también está en La Unión y sigue administrando los bienes de su padre, vendiendo lotes sin autorización judicial. La plata no la consignan en ninguna parte. Se han apoderado de más de 2 mil millones de pesos y la juez ordenó que la plata de la venta de los lotes se consignara en la cuenta del arquitecto. Y no aparece plata por ninguna parte», señaló el abogado. La madre de la víctima, Blanca Nidia González, ha denunciado cambios constantes de fiscales y jueces, así como suspensiones de audiencias, lo que ha retrasado el proceso judicial.
«Sandra le pasó 30 millones de pesos en las manos, porque Liz valió 40 palos. Pero Sandra le dijo que no tenía todo ese plato por el momento, que era muy caro»
José Armando Toro Giraldo, testigo clave del caso
El abogado impulsa dos acciones judiciales para frenar lo que considera un desfalco patrimonial. La primera busca quitarle a Juan Carlos Rengifo el manejo de los bienes, proceso que se tramita en el Juzgado de Cartago. La segunda, por presuntos fraudes en la empresa Construcciones Inversiones Rengifo S.A.S., está a cargo de la Fiscalía 23 Seccional de La Unión. El caso, que fue expuesto en el pódcast «Más allá del silencio» del periodista Rafael Poveda, reveló que alias Mocho contaba con un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y que habría utilizado ese dispositivo para seguir a la víctima. La camioneta de la UNP quedó registrada por GPS circulando a 120 kilómetros por hora hacia La Unión tras el ataque. La justicia continúa sin dar una respuesta definitiva a la familia de Liz Marian Rengifo, mientras los acusados permanecen en libertad y el patrimonio del arquitecto sigue siendo administrado, según la denuncia, sin control judicial.
