La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Carolina Restrepo Cañavera, encendió las alarmas al anunciar una auditoría integral de toda la contratación por prestación de servicios suscrita durante el Gobierno de Gustavo Petro. La funcionaria reveló que, entre agosto de 2022 y junio de 2025, el número de contratos de esta naturaleza se disparó un 52,40% en la entidad, al pasar de 6.427 al final de la administración de Iván Duque a 9.795 contratistas en 2024. Este crecimiento desmedido, que Restrepo calificó como sospechoso, motivó la decisión de revisar “contrato por contrato, objeto por objeto, obligación por obligación, producto por producto”.
La revisión no se limitará al Icbf, sino que se inscribe en un fenómeno nacional que duplicó la contratación por prestación de servicios en todo el país. Según las cifras presentadas por la directora, la administración pública pasó de tener 221.201 contratos en agosto de 2022 a 418.805 en junio de 2025, mientras que el valor de estos acuerdos se disparó de 8 billones a 15 billones de pesos. Ante este panorama, Restrepo fue enfática al señalar que “el país tiene derecho a saber qué pasó con el Icbf”, y lanzó una serie de preguntas que guiarán la auditoría: “¿Para qué creció así la contratación? ¿Cuántos de esos contratos eran realmente necesarios? ¿Qué trabajo se hizo? ¿Qué resultados se entregaron? Y, sobre todo, ¿qué recibió el instituto a cambio?”.
Una auditoría sin privilegios
La directora del Icbf advirtió que la revisión no hará distinciones. “No importa de dónde vengan, a quién conozcan o quién los haya recomendado. Aquí importarán la capacidad, el trabajo y los resultados”, declaró Restrepo, dejando claro que quienes cumplen con sus obligaciones pueden estar tranquilos, mientras que quienes no lo hagan serán retirados. La funcionaria también adelantó que los hallazgos de la auditoría se remitirán a la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General cuando corresponda, lo que sugiere que la pesquisa podría derivar en denuncias penales si se detectan irregularidades.
“El Icbf no es el cajero de nadie”
Carolina Restrepo Cañavera, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
La declaración de Restrepo no solo apunta a una limpieza interna, sino que también busca redefinir las relaciones del instituto con el sector social. La directora anunció que se reabrirá el espacio a fundaciones y organizaciones que, según ella, fueron apartadas durante la administración anterior. En paralelo, relacionó los ataques que ha recibido en redes sociales contra su gestión con los intereses contractuales que podrían verse afectados por la revisión. La auditoría, que incluirá un análisis detallado de la necesidad, ejecución, cumplimiento y resultados de cada contrato, promete sacudir los cimientos de la contratación en el Icbf y, posiblemente, destapar lo que la directora denomina un “carrusel de contratos”.
