El representante a la Cámara Daniel Briceño, del Centro Democrático, cuestionó la objeción presentada por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella al Proyecto de Ley 056 de 2024 – 345 de 2024, que establece requisitos mínimos para cargos directivos en el sector público y empresas mixtas. La objeción, dada a conocer recientemente, fue sustentada por el Ejecutivo en razones de constitucionalidad e inconveniencia, pero el congresista defendió la facultad del Congreso para legislar en materia de función pública y criticó los argumentos como forzados.
La iniciativa, promovida por el senador Hernán Cadavid, fue aprobada en el Congreso pasado con respaldo de varias bancadas y remitida al Ejecutivo para sanción. Sin embargo, el Gobierno la objetó al considerar que invade competencias y presenta problemas de trámite. Briceño, quien participó en la discusión, recordó que «el proyecto costó mucho sacarlo. Tuvo mucha oposición en el Congreso pasado y, al final, se logró un acuerdo con diversas bancadas».
Defensa de la competencia del Congreso
El representante aseguró que las objeciones por inconveniencia pueden ser debatibles, pero las de constitucionalidad no las comparte. «Las constitucionales son las que yo no comparto. Creo que el argumento es muy forzado: dicen que el Congreso no puede coadministrar», afirmó. En su opinión, «el Congreso de la República es quien decide las normas en materia de función pública». El proyecto busca precisamente evitar que se reduzcan los requisitos en los manuales de funciones de las entidades públicas, un aspecto que Briceño considera central para proteger la idoneidad en los cargos directivos.
«Lo que hace literalmente es ajustar y hacer mucho más difícil que se puedan cambiar los manuales de funciones»
Daniel Briceño, Representante a la Cámara
Briceño consideró que la objeción envía una mala señal política. «Creo que es un muy mal mensaje del Presidente y del nuevo gobierno», señaló. Además, advirtió que la decisión puede generar un conflicto entre el Ejecutivo y el Centro Democrático, especialmente porque el Pacto Histórico, que se opuso al proyecto en la legislatura anterior, ahora respalda la posición presidencial.
Ley sin vigencia y próximos pasos
Mientras se resuelven las objeciones, la ley no está vigente. «La ley no está sancionada y, mientras no se solucionen las objeciones y no se surtan todos los pasos y procedimientos, la normativa no entra en vigencia», explicó Briceño. El congresista mencionó el caso de la Superintendencia de Industria y Comercio como ejemplo de modificaciones a manuales de funciones que se busca evitar con esta iniciativa. Si las objeciones avanzan, el Centro Democrático volvería a presentar una iniciativa similar, aunque debería ajustarse a eventuales pronunciamientos de la Corte Constitucional.
«Yo espero que la Corte respalde nuestra posición, que es que nosotros sí podemos generar limitaciones en este tipo de cosas al Ejecutivo, así como nosotros regulamos toda la materia de función pública»
Daniel Briceño, Representante a la Cámara
El representante indicó que ha identificado congresistas de otras bancadas que respaldan la iniciativa, por lo que confía en que el Congreso pueda mantener su postura frente al Ejecutivo en esta disputa por los requisitos de los cargos directivos en el sector público.
