La bancada del Centro Democrático en el Congreso de la República radicó formalmente un paquete de siete proyectos de ley que busca desmantelar la política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro. La propuesta, encabezada por el representante Jonathan Pineda y el senador Óscar Villamizar, incluye la derogación de la Ley 2272 de 2022, norma que dio origen al actual marco de negociaciones con grupos armados, y establece un candado legislativo que exige el aval previo del Congreso, por mayoría absoluta, para que el Ejecutivo pueda iniciar cualquier diálogo de paz.
Los congresistas del partido de oposición calificaron la estrategia gubernamental como un «fracaso» rotundo, argumentando que los ceses al fuego y las mesas de diálogo no solo no lograron reducir la violencia, sino que, en múltiples territorios, habrían fortalecido a las estructuras ilegales. En su exposición, los legisladores señalaron que el Gobierno suspendió operaciones militares y redujo la presión sobre grupos armados sin obtener avances concretos en desmovilización, mientras los delitos de desplazamiento, confinamiento y extorsión se mantuvieron o incluso se agravaron.
Restricciones para negociar y blindaje judicial
Uno de los ejes principales de la iniciativa es la prohibición expresa de adelantar acuerdos de paz con organizaciones que hayan incurrido en delitos graves. El senador Óscar Villamizar detalló que «será inconstitucional adelantar acuerdos de paz con grupos que hayan incurrido en delitos como homicidios contra personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario, secuestro, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, extorsión u otros delitos que atenten contra la libertad, integridad y formación sexual, además de quienes hayan cometido delitos que tengan como víctimas menores de edad». La propuesta busca cerrar la puerta a cualquier negociación con organizaciones señaladas por violaciones al derecho internacional y crímenes de lesa humanidad.
El representante Jonathan Pineda fue contundente al evaluar los resultados de la Paz Total: «En la realidad fueron contraproducentes y pusieron en peligro la vida de miles de personas, generaron limbos judiciales frente a límites de suspensiones de órdenes de captura y la imposibilidad de que la fuerza pública cumpliera con su obligación de proteger a los colombianos por los ceses al fuego que firmó el gobierno sin mecanismos de monitoreo y verificación». Con estas declaraciones, la bancada del Centro Democrático busca establecer un nuevo marco que subordine cualquier decisión en materia de seguridad nacional a la aprobación del Legislativo.
Más allá de la seguridad: minería, vías y educación rural
El paquete legislativo no se limita a la política de paz. Entre las siete iniciativas se incluye la creación de la Comisión de Política Minero-Energética, una instancia que sería la máxima autoridad para trazar las directrices del sector a largo plazo. En este punto, el senador Villamizar advirtió sobre los riesgos de la actual gestión: «Colombia no puede volver a quedar en riesgo de apagón o con golpes directos a los bolsillos de las familias por los precios más altos de la gasolina en el continente debido a las decisiones irresponsables de un gobierno». La propuesta busca institucionalizar la política energética para evitar cambios abruptos que, según los congresistas, afectan la economía de los hogares.
Adicionalmente, los proyectos contemplan el establecimiento de fuentes fijas de financiación para vías terciarias en los municipios, con el objetivo de facilitar el transporte de cosechas desde las zonas rurales hasta los mercados urbanos. En materia educativa, se plantea la creación del Fondo de Transporte Escolar Rural, un mecanismo que cubriría el traslado diario de niños y adolescentes que viven en regiones alejadas para garantizar su acceso a los centros educativos. Estas iniciativas comenzarán su trámite en las comisiones legislativas del Congreso, donde se anticipa un intenso debate entre las bancadas de gobierno y oposición.
