Una compleja disputa judicial y administrativa entre la Superintendencia del Subsidio Familiar, el agente interventor Fabián Mayor y los directivos de Comfenalco Antioquia amenaza con paralizar el control de la caja de compensación, poniendo en riesgo cerca de un billón de pesos pertenecientes a los trabajadores afiliados. El conflicto se desató tras la expedición de la Resolución 0789 del 15 de septiembre de 2023, mediante la cual la Superintendencia ordenó una intervención administrativa total por un período de doce meses, designando a Fabián Mayor como agente especial para garantizar la transparencia en el manejo de los fondos y evitar posibles irregularidades. La medida ha sido contestada por los directivos de la entidad a través de múltiples acciones legales, incluyendo recursos de reposición, derechos de petición y tres tutelas, todas dirigidas a frenar las gestiones del interventor y a mantener el control sobre la asamblea general, que fue suspendida mediante la Resolución 0656 del 19 de agosto de 2026.
Una intervención en medio de una asamblea polémica
La Superintendencia argumentó la suspensión de la asamblea, que estaba prevista para el 31 de agosto de 2026, basándose en la declaratoria de calamidad nacional y en la necesidad de realizar un balance previo de la situación de la entidad. Sin embargo, el agente interventor, Fabián Mayor, solicitó información financiera, jurídica y administrativa, mientras que el director administrativo suplente, Juan Pablo Morales Calle, interpuso un recurso de reposición contra la suspensión de la asamblea y un derecho de petición para dilatar la gestión del interventor. La situación se ha vuelto aún más tensa debido a la existencia de una cláusula contractual de indemnización para los directivos en caso de desvinculación, cuyo costo supera los mil millones de pesos, lo que dificultaría cualquier intento de remoción y podría evadir el control de la Superintendencia. Actores políticos han advertido sobre el riesgo de cooptación de la caja de compensación, mientras que se han anunciado denuncias penales y acciones disciplinarias contra los implicados en maniobras para apropiarse de los recursos, aunque estas aún están pendientes de verificación.
Tutelas contra las medidas del interventor
En medio de este pulso jurídico, se han presentado tres acciones de tutela con el fin de frenar la intervención. La primera fue interpuesta por Cindy Yuliana Ríos, de la Asociación Sindical de Salud Famysalud, y fue admitida por el Juzgado Once Penal del Circuito de Medellín. La segunda fue presentada por Jhon Fredy Ríos Arboleda, representante legal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Heliconia, ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Heliconia. La tercera, por su parte, fue instaurada por Vicente de Jesús Arcila Giraldo ante el Juzgado 12 Administrativo del Circuito de Medellín. El juez Ricardo Efraín Noguera Hernández, quien conoce una de las tutelas, ordenó como medida provisional mantener la fecha y el orden del día de la Asamblea programada para el 31 de agosto de 2026, lo que representa un revés para la Superintendencia y el agente interventor. Estas acciones judiciales reflejan la profunda división que existe en el seno de Comfenalco Antioquia y la determinación de los directivos por no ceder el control de la entidad.
Un presupuesto millonario en la mira
El presupuesto de Comfenalco Antioquia para el año 2026 asciende a 974 mil 707 millones 394 mil 263 pesos, con costos y gastos proyectados por 970 mil 667 millones 925 mil 788 pesos, lo que arroja un resultado positivo de apenas 4 mil 39 millones 468 mil 474 pesos. Este millonario flujo de recursos, que corresponde a los aportes de los trabajadores, es el centro de la disputa, ya que la Superintendencia busca garantizar que no se presenten irregularidades en su manejo. La convocatoria apresurada de la asamblea por parte de los directivos ha sido interpretada como un intento de mantener el control sobre estos recursos, mientras que el agente interventor sostiene que es necesario un balance previo para asegurar la transparencia. El desenlace de esta pugna judicial y administrativa será crucial para el futuro de la caja de compensación y para la protección de los fondos de los trabajadores afiliados.
