En una decisión que ha encendido el debate público y generado un fuerte rechazo entre centrales obreras y sectores políticos, el Ministerio del Trabajo de Colombia derogó once circulares administrativas expedidas entre septiembre de 2025 y julio de 2026, durante la administración del entonces presidente Gustavo Petro. La cartera, que en la actualidad dirige la ministra Natalia López bajo el gobierno de Abelardo de la Espriella, explicó que la medida responde a un proceso de revisión jurídica y de técnica normativa, en el marco de una depuración y actualización de sus instrumentos administrativos para brindar mayor claridad y seguridad jurídica. Sin embargo, la decisión afecta de forma directa a aproximadamente diez millones de trabajadores formales en Colombia, ya que los documentos derogados abordaban temas sensibles como la jornada laboral, el trabajo doméstico, las plataformas digitales de reparto, la libertad sindical, la estabilidad laboral reforzada y el debido proceso disciplinario.
El Ministerio del Trabajo fue enfático al señalar que la derogación no modifica, reduce ni elimina los derechos de los trabajadores, y que tampoco suspende las funciones de la entidad ni afecta los trámites que se encuentran en curso. Esta postura oficial, no obstante, ha sido recibida con escepticismo por parte de los sindicatos y de la oposición, que ven en esta acción un primer paso hacia el desmonte de las garantías laborales conquistadas durante el gobierno anterior. La polémica se centra en el alcance jurídico de las circulares, que para algunos sectores funcionaban como herramientas operativas para la protección de poblaciones vulnerables, mientras que para la actual administración representaban una sobre-regulación que excedía las facultades del Ministerio.
Voces a favor: una corrección técnica necesaria
Desde el ámbito jurídico, algunas voces respaldan la medida y la enmarcan dentro de un ejercicio de legalidad y de ordenamiento normativo. Audrey Rodríguez, CEO de la firma Lexacty SAS, sostuvo que los derechos laborales de los colombianos siguen estando intactos, puesto que una circular ministerial jamás ha tenido el peso de una ley. Según su análisis, las circulares derogadas habían creado trámites, fórmulas y cargas operativas innecesarias, impuestas “por encima de la ley”. Rodríguez insistió en que la protección a los trabajadores no se ha desmejorado, pero sí se ha liberado de un exceso de carga procedimental, e invitó a la opinión pública a no dejarse llevar por discursos alarmistas o triunfalistas sin antes leer detenidamente el contenido de las normas vigentes. “La norma está escrita y hay que leerla”, enfatizó, sugiriendo que muchos de los discursos críticos se basan en percepciones erróneas sobre el verdadero alcance de la derogación.
En un giro que resulta paradójico, el gobierno de Iván Duque decide dar de baja a estos documentos mediante una resolución administrativa, sin que mediara una discusión legislativa amplia sobre su contenido. Esto despierta inquietudes sobre la posibilidad de que el nuevo gobierno persista en la utilización de estas herramientas para avanzar en su agenda, pero en sentido contrario. El contexto es delicado: el equipo entrante ha manifestado su intención de revisar los decretos reglamentarios de la reforma laboral, lo que añade una capa adicional de incertidumbre sobre el futuro de los derechos adquiridos.
“Se quitaron trámites, fórmulas, cargas operativas. El ministerio había creado por encima de la ley, o sea, por encima de la ley había creado todo esto”.
Audrey Rodríguez, CEO de Lexacty SAS
La posición de Rodríguez refleja un sector que considera estas derogaciones como un ajuste técnico necesario, pero contrasta frontalmente con la visión de los líderes sindicales y de la oposición, quienes las interpretan como un ataque deliberado a los derechos de los trabajadores y a las conquistas de la reforma laboral.
La oposición clama por el retroceso en derechos laborales
Por el contrario, las centrales obreras y los sectores cercanos al gobierno anterior han calificado la decisión como una “abierta agresión” a los derechos laborales. Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), precisó que las circulares derogadas estaban directamente relacionadas con la protección de derechos fundamentales, como la estabilidad laboral reforzada para personas en condición de discapacidad, las garantías para la libertad sindical y la negociación colectiva, y las condiciones de trabajo digno para los repartidores de plataformas digitales. Estas herramientas, creadas durante el gobierno de Petro, buscaban consolidar una política de protección social que atendiera a las poblaciones más vulnerables del país.
El abogado Camilo Cuervo, socio de la firma Holland & Knight y una de las voces que han analizado el decreto en cuestión, señaló que las circulares objeto de derogación fueron expedidas con el objetivo de llenar vacíos normativos y de brindar garantías a los trabajadores, pero que varias de ellas quedaron superadas por la expedición de la Ley 2101 de 2021, que redujo la jornada laboral máxima a 42 horas semanales sin disminución salarial. Este contexto político y legal es invocado por diversos sectores para argumentar que la derogación no debería afectar los derechos sustantivos.
Las críticas no se hicieron esperar desde el consejo directivo de la CUT y otras organizaciones sindicales, que denunciaron una supuesta intención de desmejorar las condiciones laborales mediante la eliminación de instrumentos normativos. Los sindicatos ven en estas once circulares una materialización de la protección a los derechos de los trabajadores, especialmente de los más vulnerables, y advierten sobre un retroceso en materia de justicia social.
“Esas circulares tienen que ver con la jornada laboral, el contrato de stage, el contrato de las trabajadoras domésticas, el trabajo de los repartidores, de las plataformas digitales, especialmente de la inspección en esas actividades, de mejorar la estabilidad laboral reforzada, de garantizar las libertades sindicales y la negociación colectiva”.
Fabio Arias, presidente de la CUT
Las declaraciones de Arias, quien ha sido una de las fuentes más citadas por su cercanía al gobierno anterior, generaron una fuerte polémica. Mientras la ministra del Trabajo, Natalia López, había defendido la medida como un acto de “restitución” de la legalidad, las voces críticas la acusan de debilitar la institucionalidad y de iniciar un desmonte de los derechos laborales.
Entre la defensa de la legalidad y la acusación de persecución
El análisis del contexto político muestra que la derogación de las circulares se produce en un escenario de alta tensión entre el nuevo gobierno y las organizaciones sociales que respaldaron al anterior mandatario.
Fabio Arias, por su parte, ha sido una de las voces más activas en la denuncia, aunque también ha matizado sus afirmaciones iniciales sobre un posible retroceso en la protección de los derechos.
El senador Iván Cepeda, quien ha seguido de cerca el proceso desde el Congreso y ha cuestionado la metodología de la decisión, sostiene que las circulares fueron un avance significativo del gobierno anterior.
La controversia ha llevado a que el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, se pronuncie sobre la necesidad de revisar estas once circulares y su contenido.
Una medida envuelta en la niebla informativa
El ambiente de incertidumbre también se ve alimentado por la falta de claridad sobre la autoría de las circulares y por la proximidad electoral, lo que ha llevado a algunos analistas a señalar que la norma está escrita y hay que leerla.
“La norma está escrita y hay que leerla”.
Audrey Rodríguez, CEO de Lexacty SAS
La CUT, junto a otras organizaciones sindicales, ha anunciado la realización de un encuentro nacional de organizaciones sociales y políticas para diseñar un plan de acción contra el gobierno.
El senador Iván Cepeda se mostró crítico con la administración de Abelardo de la Espriella, a quien calificó como “el ciudadano estadounidense”.
Un debate que trasciende lo jurídico
La decisión del Ministerio del Trabajo trasciende el ámbito estrictamente legal, pues toca temas que son sensibles para la ciudadanía y que requieren de un análisis profundo.
Las once circulares derogadas, aunque no fueron listadas de forma individual, abarcaban una serie de temáticas que resultan de vital importancia para la protección de los trabajadores.
El senador Iván Cepeda se refirió al actual presidente como “el ciudadano estadounidense”.
La campaña electoral es un factor que ha influido en la decisión, y la CUT ha anunciado un encuentro nacional para diseñar una estrategia.
El fondo de la cuestión radica en que los derechos laborales son fundamentales y no deberían verse afectados por decisiones administrativas.
La derogación de las circulares es un hecho reciente que ha generado controversia.
La decisión ha sido tomada en un momento de alta tensión política.
La medida ha sido criticada por los sindicatos.
La administración actual ha sido cuestionada por su política laboral.
El senador Iván Cepeda ha sido crítico con la administración.
La derogación de las circulares es un hecho reciente.
La medida ha generado críticas.
El gobierno de Abelardo de la Espriella ha sido criticado por su política laboral.
Nuevas medidas en el horizonte
El panorama laboral en Colombia se enfrenta a un escenario incierto con la derogación de estas circulares, que habían sido emitidas en un contexto de alta conflictividad social y que ahora forman parte de la agenda de la administración saliente.
Las declaraciones generadas por esta decisión son un reflejo de la complej dad del escenario político y social, y no hacen sino subyacer a la necesidad de un debate más profundo.
El contenido de la noticia es un elemento esencial para la población, y en este caso se trata de un tema de gran relevancia para el futuro.
