La Red de Veedurías Ciudadanas presentó una denuncia formal ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, por presuntas presiones ejercidas sobre la exfiscal Lucy Laborde para modificar la acusación contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro. La denuncia, radicada el 23 de agosto de 2024, señala a Camargo de posibles delitos de tráfico de influencias de servidor público y fraude procesal, tras las afirmaciones de Laborde sobre una orden directa recibida en su despacho.
De acuerdo con el relato de Lucy Laborde, publicado inicialmente por la revista Semana, los hechos ocurrieron en una reunión celebrada en el búnker del occidente de Bogotá, en el despacho de la fiscal general. Allí estaban presentes cinco funcionarios: Laborde, la fiscal Camargo, la delegada Aura Liliana Trujillo, el vicefiscal Gilberto Javier Guerrero y la directora de lavado de activos Alexandra Ladino. Durante el encuentro, Camargo habría preguntado a Laborde sobre el estado del caso contra Nicolás Petro, específicamente sobre el delito de lavado de activos. Ante la respuesta afirmativa de Laborde, la fiscal general instruyó: «¿Por qué no le quita el lavado de activos y le deja enriquecimiento ilícito?». Laborde, según su testimonio, se negó a acatar la orden, lo que desencadenó la denuncia pública y la posterior acción de la Red de Veedurías Ciudadanas.
Los detalles de la reunión y el contexto del caso
La investigación contra Nicolás Petro Burgos se originó en marzo de 2022, cuando presuntamente recibió dinero de Samuel Santander Lopesierra, conocido como el «Hombre Marlboro», y del empresario Gabriel Elías Hilsaca Acosta, mientras fungía como enlace de la campaña presidencial de Gustavo Petro en el Atlántico, antes de la primera vuelta. El caso, que involucra millones de pesos, está actualmente a la espera de que el Tribunal Superior del Atlántico, en Barranquilla, defina las pruebas para el juicio. La modificación del delito de lavado de activos a enriquecimiento ilícito habría tenido implicaciones significativas, como evitar la inclusión del hijo del presidente en la Lista OFAC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, lo que podría haber afectado las relaciones internacionales del mandatario.
La Red de Veedurías Ciudadanas, en su denuncia, subraya que la fiscal general respondió públicamente el 23 de agosto negando los señalamientos de Lucy Laborde. Sin embargo, la organización ciudadana advierte que solo una investigación formal, con el debido proceso y el derecho de defensa y contradicción, podrá establecer la verdad. «El 23 de agosto la fiscal general, Luz Adriana Camargo, responde, negando en entrevista los señalamientos de la fiscal Lucy Laborde; sin embargo, la claridad sobre lo acaecido solo podrá brindarla la autoridad competente a través de las investigaciones respectivas», señala el texto de la denuncia. La Red de Veedurías solicita que la Comisión de Acusaciones abra una investigación disciplinaria y penal contra Camargo por los presuntos delitos de tráfico de influencias y fraude procesal.
«Bueno doctora, ¿y cómo ve el lavado de activos? ¿Por qué no le quita el lavado de activos y le deja enriquecimiento ilícito?»
Lucy Laborde, exfiscal del caso, en su relato a Semana
El caso de Nicolás Petro Burgos sigue siendo un foco de atención mediática y política, y ahora la denuncia contra la fiscal general añade una nueva capa de controversia. La Comisión de Acusaciones deberá decidir si abre una investigación formal contra Luz Adriana Camargo, quien ha negado categóricamente las acusaciones. Mientras tanto, Lucy Laborde, quien trabajó como fiscal en el proceso penal, continúa sosteniendo su versión de los hechos, respaldada por la Red de Veedurías Ciudadanas, que pide celeridad en las pesquisas para garantizar la transparencia en la administración de justicia.
