En un nuevo episodio del debate tributario en Colombia, los congresistas Daniel Briceño, representante a la Cámara por Bogotá del Centro Democrático, y Carol Borda, del Movimiento Salvación Nacional, anunciaron a través de sus redes sociales que radicarán un proyecto de ley para eliminar el impuesto saludable que grava los alimentos ultraprocesados y las bebidas azucaradas. La iniciativa, difundida en las cuentas de Instagram de ambos legisladores, busca derogar el gravamen establecido en la Ley 2277 de 2022, aprobada durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, y que comenzó a regir el 1 de noviembre de 2023. Los congresistas argumentan que el impuesto no cumplió sus objetivos declarados —desincentivar el consumo de productos asociados a enfermedades crónicas y aliviar la presión sobre el sistema de salud— y, por el contrario, afectó gravemente a pequeños comerciantes y tenderos, encareciendo productos de la canasta familiar.
Según las cifras expuestas por los congresistas, el recaudo del impuesto saludable ascendió a 2,88 billones de pesos en 2024 y a 1,9 billones en lo que va de 2025, mientras que en 2022 los alimentos ultraprocesados aportaron 2,39 billones y las bebidas azucaradas 489.000 millones. No obstante, el impacto en el comercio minorista ha sido significativo: de acuerdo con la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), el 67% de los establecimientos reportaron una afectación directa, y una encuesta de la misma entidad en 2025 reveló que el 66,8% de los tenderos sufrió una caída en sus ventas, mientras que cerca del 30% consideró el cierre de sus negocios durante 2024. Carol Borda advirtió que “existe un riesgo de que el veinticinco por ciento de estos establecimientos se cierren”. Además, la Federación Nacional de Tiendas (Fenaltiendas) proyectó una disminución mínima del 8% en los ingresos anuales de las tiendas de barrio. “No es el gran rico, los cuatro mil más ricos. Estamos hablando del panadero, el tendero que vende estos productos y que hacen parte de la canasta familiar”, señaló Borda.
Críticas al diseño del impuesto y al rol del Estado
Daniel Briceño fue contundente al cuestionar la lógica del gravamen. “Ellos iban a cuidar supuestamente la salud de la gente subiéndole impuestos al 21.4% más o menos de todos los productos de la canasta familiar: cereales, galletas, salchicha, jamón, chorizo, leche en polvo y demás”, afirmó. En un tono más provocador, agregó: “Le dijeron: ‘Oiga, yo voy a cuidar de su salud recaudando más plata para robármela’”. Briceño enfatizó que “el Estado no necesita más impuestos, sino que necesita es un ahorro y parar el derroche”, y sostuvo que “yo no creo que, subiéndole impuestos a la gente, la gente se vaya a comenzar a cuidar más”. Por su parte, Carol Borda defendió la autonomía de los ciudadanos frente a la intervención estatal: “Hay que fortalecer la autonomía de las personas. No todo tiene que ser por medio del Estado. El Estado no te tiene que decir cómo alimentarte, algo que al Estado lo último que le importa es tu salud”.
“El millón de familias que dependen de estas tiendas, de los supermercados pequeños, de la panadería, son los que están afectados”
Daniel Briceño, representante a la Cámara por Bogotá, Centro Democrático
El impuesto saludable, incluido en la reforma tributaria de 2022, aplica tarifas escalonadas a productos como cereales, galletas, embutidos, leche en polvo, salchicha, jamón y chorizo, entre otros, con el propósito declarado de desincentivar su consumo y recaudar fondos para el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Sin embargo, gremios como Fenalco y Fenaltiendas han reportado impactos negativos en pequeños comerciantes, mientras que no se ha evidenciado un cambio significativo en los hábitos de consumo de los colombianos. Briceño insistió en la urgencia de la iniciativa: “Hay que radicarlo. Radiquémoslo ya para aprovechar que estamos en la oleada de bajada de impuestos”. La propuesta se enmarca en una postura más amplia de los congresistas sobre la reducción de la carga tributaria y el control del gasto público, en un escenario donde el gobierno nacional enfrenta presiones fiscales y debates sobre la eficiencia del recaudo.
