El proceso de liquidación del Ministerio de la Igualdad, declarado inexequible por la Corte Constitucional en mayo de 2024, dio un paso drástico con la salida de cuatro altos funcionarios. El liquidador designado, John Milton Rodríguez, declaró insubsistentes a la viceministra de las Mujeres, Tamara Ospina, y al viceministro de Juventudes, Pablo Zabala. De igual forma, levantó los encargos de Aura Tegria, quien estaba al frente de la Viceministería de Pueblos Étnicos y Campesinos, y de Santiago Salinas, encargado de la Viceministería de Poblaciones y Territorios Excluidos. Con esta medida, queda suprimida toda la estructura viceministerial de la cartera, en el marco del desmantelamiento ordenado tras el fallo judicial que dejó sin sustento jurídico a la entidad.
La decisión se toma en medio de un contexto de «desgreño administrativo», según palabras del propio Rodríguez, quien aseguró haber encontrado «una olla podrida» al asumir la liquidación. El liquidador, nombrado por el gobierno de Abelardo de la Espriella, ha ordenado el congelamiento total de contratos y presupuestos, y anunció que se auditarán una por una las obligaciones y nóminas pendientes causadas entre el 21 de junio y el 19 de agosto. Este período es clave, pues abarca los últimos meses de operación del ministerio bajo la administración de Gustavo Petro, antes de que la Corte declarara la inexequibilidad de la ley que lo creó.
Recursos millonarios bajo la lupa y denuncias penales en camino
Uno de los focos más sensibles de la investigación es el presupuesto de 200.000 millones de pesos que el Ejecutivo busca recuperar para redirigirlo a prioridades como la emergencia económica y la atención a víctimas de un terremoto. Dentro de ese monto, hay un contrato firmado por 30.275.999.986 pesos entre el fondo FonIgualdad y la firma Laborando S.A.S., con un anticipo de 9.082.799.996 pesos, que habría «amarrado» a 1.270 personas. Rodríguez ya anunció que no autorizará «un solo peso que no corresponda estrictamente al proceso de liquidación» y que radicará denuncias ante los órganos de control por posibles detrimentos patrimoniales.
«El gobierno de Gustavo Petro dejó un Ministerio en caos, sin un cierre ordenado y una liquidación responsable».
John Milton Rodríguez, liquidador del Ministerio de la Igualdad
El proceso, el primero de liquidación de un ministerio en la historia del país, también ha destapado denuncias de acoso laboral, investigaciones disciplinarias y cuestionamientos a los nombramientos de la administración anterior. La revisión se ha extendido al fondo FonIgualdad, donde se busca detectar nóminas paralelas y contratos sin sustento legal suficiente. La ausencia de estados financieros de cierre y los compromisos presupuestales sin soporte han llevado al liquidador a actuar con mano firme.
El representante a la Cámara por Bogotá, Daniel Briceño, fue más allá al afirmar que «se van a llevar hasta los inodoros», en referencia a la magnitud del desmonte. Mientras tanto, la ciudadanía espera que los recursos recuperados, que ascienden a 200.000 millones de pesos, se destinen a urgencias sociales como la atención del terremoto y la reactivación económica, en un momento en que el país enfrenta múltiples desafíos fiscales y humanitarios.
