La ministra de Educación, Viviane Morales, rechazó este miércoles las acusaciones de “decretazo” lanzadas por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) y sectores de la oposición, y defendió la legalidad del proyecto de decreto que modifica el Decreto 1075, el cual redefine las reglas para la contratación de educadores y la colaboración con iglesias en colegios públicos. En una declaración difundida a través de su cuenta oficial de X, Morales afirmó que el proyecto “reproduce algo vigente desde hace más de treinta años”, citando el artículo 200 de la Ley 115 de 1994 y el artículo 2.3.1.3.1.6 del Decreto 1851 de 2015 como sustento normativo, y subrayó que la Corte Constitucional ha declarado constitucional este tipo de alianza con las confesiones religiosas. El documento, que se encuentra en consulta pública hasta el 26 de agosto en el Sistema Único de Contratación Pública (Sucop), ha desatado un intenso debate nacional sobre el futuro de la educación pública.
El proyecto busca ampliar la participación de privados y confesiones religiosas en la gestión educativa, permitiendo la contratación del servicio educativo y la creación de alianzas para proyectos pedagógicos, bajo el argumento de que reproduce normativa preexistente. Sin embargo, desde Fecode advierten que la iniciativa representa un riesgo directo contra la educación pública. La organización sindical denunció en un comunicado público que la reforma “institucionaliza operadores privados y confesionales”, afectando principios fundamentales como la universalidad, la gratuidad, la carrera docente y la laicidad del Estado. “No podemos permitir que se abra esta agenda y que nos arrasen y privaticen la educación”, señaló el sindicato, que ya ha llamado a conformar un amplio frente unido contra la medida, mientras convoca a los estudiantes de secundaria a organizarse en comités para preparar una gran movilización.
El debate en el Congreso y la advertencia del expresidente Petro
Las críticas no solo provienen del magisterio. El expresidente Gustavo Petro se refirió al proyecto en términos contundentes, afirmando que “el dinero se volvería ganancia particular de iglesias del evangelismo sionista y de la politiquería mafiosa”. En sus declaraciones, el exmandatario también invitó a los estudiantes de secundaria a “configurar los comités estudiantiles por colegio para organizar la gran movilización por la educación pública”, evidenciando el clima de tensión que rodea la iniciativa. La diputada Martha Alfonso Bernal, integrante del Comité Ejecutivo de Fecode, profundizó en las preocupaciones técnicas del proyecto, alertando que la reforma flexibiliza los criterios sobre la insuficiencia de la oferta pública educativa, elimina trabas para las prórrogas de contratos y reduce las obligaciones de retorno de estos a la administración oficial, especialmente en situaciones de emergencia. Según Fecode, esto implicaría “una privatización gradual y un aumento en la precarización laboral”, al permitir que operadores privados y confesionales gestionen la educación en zonas donde ya existe capacidad pública instalada.
«El proyecto de decreto publicado por el @Mineducacion reproduce algo vigente desde hace mas de treinta años: Los contratos para el desarrollo de estrategias pedagógicas con iglesias o confesiones religiosas están contemplados en el artículo 200 de la Ley 115 de 1994 y reglamentados en el artículo 2.3.1.3.1.6 del Decreto 1851 de 2015. Y sí, la Corte Constitucional ha declarado constitucional este tipo de colaboración con las iglesias y confesiones religiosas. Nada de decretazo»
Viviane Morales, ministra de Educación
Mientras la ministra Morales insiste en la continuidad normativa y en que el proyecto no representa un quiebre con la legislación actual, la oposición y Fecode sostienen que ampliar las causales de contratación y permitir la entrada de más oferentes privados sí constituye un cambio sustancial, que a la larga reduciría la planta docente oficial y debilitaría el sistema público de educación. El documento permanecerá abierto a observaciones ciudadanas a través del Sucop hasta el próximo 26 de agosto, fecha límite para que los distintos actores involucrados presenten sus comentarios. El desenlace de esta controversia, que enfrenta al gobierno nacional con el principal sindicato educativo del país y con figuras de la oposición, definirá en buena medida el rumbo de la contratación de docentes y las alianzas pedagógicas en Colombia durante los próximos años.
