La representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Mafe Carrascal, radicó un derecho de petición dirigido al Ministro de Justicia y al Consejo Nacional de Estupefacientes para exigir información detallada sobre el anuncio del gobierno de Abelardo de la Espriella de retomar la fumigación aérea con glufosinato de amonio para erradicar cultivos ilícitos. La congresista calificó la decisión como «gravísima» y señaló que contradice las sentencias T-236 de 2017 y T-413 de 2021 de la Corte Constitucional, que establecen parámetros para proteger la salud, el ambiente y los derechos de las comunidades campesinas en las zonas de intervención.
Carrascal advirtió que la fumigación aérea no es simplemente un cambio de químico, sino una intervención directa en territorios donde habitan familias, hay cultivos de alimentos, animales y fuentes de agua que pueden quedar expuestas. La representante manifestó que, aunque se sabe que el gobierno pretende utilizar glufosinato de amonio, aún se esperan los estudios que demuestren que su uso no representa un riesgo para la salud y el ambiente. «Fumigar no es simplemente cambiar un químico por otro. Es intervenir territorios donde viven familias, donde hay cultivos de alimentos, animales, fuentes de agua y comunidades que pueden quedar expuestas», afirmó.
Las exigencias del derecho de petición
El derecho de petición presentado por Carrascal busca conocer el tipo de sustancia química que se empleará, la autoridad que autorizó su aplicación, las zonas específicas de aspersión, el presupuesto asignado y la cantidad de familias campesinas que podrían resultar afectadas. La congresista también exige información sobre las sesiones del Consejo Nacional de Estupefacientes, los actos administrativos recientes, los estudios toxicológicos o ecotoxicológicos que respalden el uso del glufosinato, el proveedor, los costos por litro y por hectárea, así como el mecanismo de contratación. Asimismo, solicita claridad sobre los acuerdos internacionales o la cooperación técnica para reanudar estas prácticas.
«Por eso radiqué un derecho de petición al Ministro de Justicia y al Consejo Nacional de Estupefacientes. Quiero saber qué van a utilizar, quién lo autorizó, dónde van a fumigar, cuánto va a costar y cuántas familias campesinas podrían quedar expuestas», declaró Carrascal.
Mafe Carrascal, representante a la Cámara del Pacto Histórico
La representante también cuestionó la asignación de recursos: «¿Cuánta plata va a poner el Gobierno para fumigar y cuánta para ofrecerles alternativas reales a los campesinos?», y concluyó que «estamos trasladando nuevamente el costo de la guerra contra las drogas a los campesinos». El derecho de petición exige, además, las metas de erradicación y el presupuesto proyectado para los próximos años, en un contexto donde el país revisa sus estrategias antinarcóticos tras años de suspensión de la fumigación aérea con glifosato.
