La Fiscalía General de la Nación confirmó el retiro del esquema de seguridad que protegía a Lucy Laborde, la exfiscal que lideró el caso contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro. La decisión fue tomada por la Dirección de Protección y Asistencia del ente acusador, que desestimó el recurso presentado por Laborde contra la resolución inicial del 30 de julio de 2026, argumentando que el acompañamiento se mantuvo mientras la valoración técnica lo consideró necesario y que las denuncias de acoso laboral no constituyen, por sí mismas, un factor para mantener la medida de protección.
Laborde había denunciado públicamente que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, le ordenó en una reunión en su despacho modificar la acusación contra Nicolás Petro, específicamente retirar el delito de lavado de activos y dejar únicamente el de enriquecimiento ilícito. La exfiscal se negó, argumentando que existían pruebas suficientes para mantener ese cargo. Tras hacer pública esa denuncia, la Fiscalía procedió a retirarle el esquema de seguridad, una decisión que Laborde considera una represalia directa por su actuación.
Denuncia formal ante la Comisión de Investigación y Acusación
La exfiscal ya había presentado una denuncia formal contra Luz Adriana Camargo ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, solicitando que se investiguen posibles delitos como prevaricato, abuso de función pública y revelación de secreto, entre otros. En esa denuncia, Laborde también mencionó la intervención del abogado Ricardo Gaviria Ramírez, quien inicialmente representó a Nicolás Petro. Según la versión de la exfiscal, Gaviria le propuso una terminación anticipada del proceso que luego «socializaría con Presidencia», y posteriormente le informó que «en Presidencia no la aprobaron porque Colombia quedaría mal internacionalmente si el hijo del presidente era condenado por lavado de activos».
«El abogado Dr. Ricardo Gaviria Ramírez, que llevó esa propuesta, manifestó que lo ‘socializaría con Presidencia’ y, posteriormente, me informó que ‘en Presidencia no la aprobaron porque Colombia quedaría mal internacionalmente si el hijo del presidente era condenado por lavado de activos’»
Lucy Laborde, exfiscal del caso Nicolás Petro
La Dirección de Protección y Asistencia, en su acto administrativo, fue tajante al señalar que no es posible llegar a una conclusión diferente a la contenida en la resolución del 30 de julio de 2026. Además, reiteró que el «deber reforzado de protección» para funcionarios que investigan criminalidad organizada no fue desconocido, pues el acompañamiento se otorgó mientras la valoración técnica lo estimó procedente. Sobre las acusaciones de acoso laboral y persecución institucional, la Dirección indicó que esos asuntos no constituyen, por sí mismos, factores generadores de la medida de acompañamiento de seguridad dentro del Programa de Protección y Asistencia.
«No es dable arribar a una conclusión diferente a aquella contenida en la Resolución 01-1977 del 30 de julio de 2026»
Dirección de Protección y Asistencia de la Fiscalía
«En cuanto a las afirmaciones de acoso laboral, persecución institucional o cuestionamientos frente a actuaciones administrativas internas, esta instancia reitera que tales asuntos no constituyen, por sí mismos, factores generadores de la medida de acompañamiento de seguridad dentro del Programa de Protección y Asistencia»
Dirección de Protección y Asistencia de la Fiscalía
La Fiscalía también señaló que Laborde puede acudir a otros mecanismos —administrativos, disciplinarios o judiciales— para controvertir sus denuncias de acoso laboral, y que la Dirección de Protección no puede sustituir esas competencias. En su denuncia, la exfiscal también solicita que se investigue a Aura Liliana Trujillo, delegada para las Finanzas Criminales de la Fiscalía, y a Alejandro Carranza, actual defensor de Nicolás Petro. Mientras tanto, el caso continúa generando controversia en el ámbito judicial y político, al entrecruzarse las acusaciones de presiones internas en la Fiscalía con la protección a quienes investigan a altos funcionarios del Estado.
