El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, oficializó este jueves la nueva cúpula de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en su primer acto formal como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. La ceremonia, encabezada junto al ministro de Defensa, Jorge Mora, se realizó en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova de Bogotá, y estuvo marcada por la transmisión de mando de los altos cargos castrenses y policiales, así como por la contundente orden presidencial de suspender cualquier tipo de diálogo con grupos armados ilegales.
Durante el acto, el presidente De la Espriella reconoció y posesionó a los nuevos comandantes de las cuatro fuerzas. Al frente de las Fuerzas Militares como comandante general quedó el mayor general Erick Rodríguez Aparicio, mientras que el mayor general Carlos Enrique Carrasquilla Gómez asumió como jefe de Estado Mayor Conjunto. En el Ejército Nacional, el mayor general José Bertulfo Soto Sánchez fue designado comandante, acompañado por el brigadier general Rodolfo Morales Franco como segundo comandante. La Armada de Colombia quedó bajo el mando del vicealmirante Javier Alfonso Jaimes Pinilla, con el mayor general Rafael Olaya Quintero como segundo comandante. En la Fuerza Aeroespacial, el mayor general Juan Jaime Martínez Ossa asumió como comandante, y el mayor general Juan Mosquera Dueñas como segundo comandante. En la Policía Nacional, el nuevo director es el general Jesús Alejandro Barrera, acompañado por el general Norberto Mujica como subdirector.
Las órdenes del presidente
En su discurso ante la plana mayor de la seguridad nacional, Abelardo de la Espriella fue enfático al trazar la línea que regirá su administración en materia de orden público. «Que quede muy claro, en este país no hay disidentes, grupos subversivos, ni alzados en armas, mucho menos estructuras con legitimidad política. En mi Gobierno está absolutamente prohibido disfrazar con eufemismos la naturaleza de quienes aterrorizan al pueblo a punta de pistola y dinamita», sentenció el jefe de Estado, en una clara ruptura con el lenguaje utilizado por el gobierno anterior.
«Los que quieran abandonar la criminalidad pueden someterse a la justicia a través de los mecanismos establecidos por la ley, pero quienes persistan en la violencia, continúen atacando a Colombia y sigan creyendo que pueden doblegar al Estado mediante el terrorismo, recibirán su merecido en el campo de batalla.»
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia
La directriz presidencial, que prohíbe a cualquier funcionario adelantar diálogos con grupos armados, se complementa con la orden de combatirlos frontalmente. «Como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, ratifico lo que sostuve durante la campaña que me condujo a la Presidencia de la República de Colombia. La seguridad volverá a todo el territorio nacional. Porque sé perfectamente que la primera obligación de un gobernante, de un presidente, es proteger a su pueblo a toda costa. Sin seguridad no hay libertad, sin autoridad no hay justicia y sin tranquilidad», afirmó De la Espriella.
El nuevo mandatario, que asumió recientemente el cargo, ha señalado al gobierno anterior como responsable de la pérdida de seguridad en varias regiones del país. Su administración se enfoca en recuperar el control territorial mediante una política de confrontación directa contra las organizaciones criminales, priorizando operaciones ofensivas y la protección de la población civil. El ministro de Defensa, Jorge Mora, respaldó la postura presidencial y definió la nueva etapa como «un compromiso, un honor y, sobre todo, la dedicación que empeñaremos para recuperar la seguridad de los colombianos y comenzar a construir, de la mano del presidente y junto al mando institucional, la patria que tanto necesita el pueblo colombiano. Por siempre, firmes por la patria».
Con la nueva cúpula militar y policial alineada bajo estas directrices, el gobierno de Abelardo de la Espriella busca marcar un punto de inflexión en la estrategia de seguridad nacional, dejando atrás cualquier intento de negociación política con los actores armados y priorizando la acción contundente del Estado.
