La Procuraduría General de la Nación abrió actuaciones disciplinarias e indagaciones previas contra varias alcaldías y empresas del país por presuntas omisiones en el manejo de deudas de energía que ya suman un máximo histórico de 1,5 billones de pesos. El organismo de control investiga a la Alcaldía de Santander de Quilichao, a la empresa Empaso del municipio de El Paso (Cesar) y a los agentes interventores de Air-e, que está bajo intervención estatal desde 2024. La decisión se fundamenta en posibles fallas administrativas, financieras y presupuestales que habrían impedido el pago oportuno de las obligaciones con las distribuidoras, afectando la estabilidad del servicio eléctrico en varias regiones.
El presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), José Camilo Manzur, señaló que la deuda de los llamados usuarios oficiales equivale a consumos acumulados que no han sido pagados a lo largo del tiempo y representa el 34 por ciento del total adeudado a las compañías. En el caso de Santander de Quilichao, la deuda con la Compañía Energética de Occidente superaba los 61.870 millones de pesos en febrero de 2024 y ascendió a 73.798 millones en mayo del mismo año. La Procuraduría investiga las posibles omisiones de la Alcaldía, que ya tiene decisiones judiciales ejecutoriadas en su contra.
Investigación a Empaso y Air-e
En el departamento del Cesar, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra cinco exgerentes de Empaso por la deuda de 13.500 millones de pesos con Afinia (EPM). La procuradora delegada para asuntos ambientales, minero-energéticos y agrarios, Adriana Salcedo, advirtió que el caso evidencia un grave problema de planeación: para la vigencia 2026 se apropiaron solamente 80 millones de pesos dentro del presupuesto para el pago de servicios públicos, mientras que las facturas mensuales de energía oscilaron en 100 millones o más. En paralelo, la intervención estatal de Air-e también está bajo la lupa del Ministerio Público, que identificó “ausencia de una solución empresarial estructurada, problemas en la gestión de la deuda posterior a la toma de posesión, baja ejecución de inversiones, deterioro del índice de pérdidas, incumplimientos regulatorios y otras posibles omisiones”.
“La directiva se expide en momentos en que el monto de la deuda con las empresas ha alcanzado un máximo histórico: 1,5 billones de pesos. Esta cifra equivale a consumos de energía a lo largo del tiempo que no han sido pagados por parte de los llamados usuarios oficiales”.
José Camilo Manzur, presidente de Asocodis
“Afinia reportó una deuda de 13.500 millones de pesos. El caso evidencia además un problema de planeación: para 2026 se habrían apropiado solamente 80 millones dentro del presupuesto para el pago de servicios públicos, mientras que las facturas de energía oscilaron en 100 millones mensuales o más”.
Adriana Salcedo, procuradora delegada para asuntos ambientales, minero-energéticos y agrarios
La Directiva 16 de la Procuraduría, emitida el 21 de agosto de 2026, insta a los entes territoriales a apropiar las partidas necesarias, pagar oportunamente las facturas y sanear las deudas de vigencias anteriores. Asocodis, por su parte, se declaró dispuesta a conciliar cartera, establecer acuerdos de pago y participar en mesas de trabajo para aclarar facturación y consumos. El gremio advierte que el impago de los usuarios oficiales reduce la capacidad de inversión en redes y termina trasladando costos a los demás usuarios, afectando la calidad y continuidad del suministro eléctrico en todo el país.
