Un procedimiento rutinario de control de la Infantería de Marina en el casco urbano del municipio de El Charco, Nariño, escaló a una confrontación física directa entre civiles y militares, luego de que un pasajero que desembarcaba de una embarcación agrediera a uno de los uniformados. El altercado, que obligó a la intervención de otro militar para controlar la situación, quedó registrado en un video que se difundió rápidamente en plataformas digitales, desatando un intenso debate a nivel nacional sobre la relación entre la fuerza pública y la ciudadanía en zonas de alta conflictividad.
El incidente se produjo durante un operativo de seguridad habitual en la región, una zona donde la presencia de grupos armados es una constante. Según los primeros reportes, la golpiza inició sin mediar palabra, y la reacción de los militares para someter al agresor generó una respuesta inmediata de otros civiles que se encontraban en el lugar. Tras la difusión del material audiovisual, algunas de las personas involucradas se identificaron como líderes sociales y exigieron respeto a su labor y a sus derechos, lo que añadió una capa de complejidad al hecho y avivó las posturas enfrentadas. En las redes sociales, las opiniones quedaron divididas entre quienes respaldan a la fuerza pública y quienes critican los métodos de control empleados. Un usuario sentenció: “Respeto al ejército, el que la irrespeta y la ve como enemigo, es delincuente o es amigo de los mismos”, mientras que otro apoyó la actuación con un contundente: “Bien hecho uniformados, ya es hora que no se dejen golpear ni amedrentar”.
El caso, que ha encendido las alarmas en la cúpula del Estado, coincide con una de las intervenciones más firmes del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, quien durante un consejo de seguridad celebrado en la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla, en compañía del ministro de Defensa Jorge Eduardo Mora, el subcomandante de la Policía Nacional Norberto Mojica, el gobernador del Atlántico Eduardo Verano y el alcalde de Barranquilla Alejandro Char, ofreció un respaldo absoluto a los uniformados. «Yo voy a ser el primer defensor de los soldados y policías de la patria, que nunca más serán maltratados, que nunca más serán vilipendiados, que nunca más serán arrodillados», manifestó el mandatario, quien además advirtió que «donde no hay seguridad no hay nada». De la Espriella reiteró que los miembros de la fuerza pública ejercerán sus funciones “con apego a la Constitución y la ley” y que contarán con el respaldo del Gobierno nacional frente a cualquier agresión.
Consecuencias legales y contexto de la agresión
El hecho, cuya fecha exacta no ha sido revelada, ha reabierto el debate sobre la seguridad de los uniformados en el cumplimiento de su deber. Según el Código Penal Colombiano, la violencia contra servidor público, tipificada en el Artículo 429, contempla una pena de prisión de 4 a 8 años, sanción que puede aumentar si se generan lesiones personales o si la agresión es de gravedad. Este marco legal se ha convertido en el centro de la discusión, mientras el Gobierno busca blindar jurídicamente a los miembros de la fuerza pública ante lo que considera un patrón de hostigamiento en algunas regiones del país.
