Los ataques efectivos con drones armados en Colombia se dispararon un 445 por ciento durante 2025 en comparación con el año anterior, al pasar de 61 incidentes registrados en 2024 a 333 en el último año, según el más reciente reporte del Ministerio de Defensa. La alarmante cifra, que evidencia una acelerada sofisticación de la amenaza, contrasta con la capacidad de respuesta del Estado, la cual, de acuerdo con el experto en defensa antiaérea y tecnologías antidrones Camilo Mendoza, aún enfrenta una brecha significativa frente a la velocidad de adaptación tecnológica de los grupos armados. “Cuando se compara esa capacidad con las capacidades que ha adquirido la amenaza, desafortunadamente vemos que hay una brecha a favor de los grupos delictivos, pero sí se está trabajando”, advirtió Mendoza.
Frente a esta escalada, el Ministerio de Defensa ha reactivado su estrategia de mitigación con la adquisición de 48 sistemas C-UAS (Contra Sistemas Aéreos No Tripulados) por parte del Ejército, a los que se suman otros 22 sistemas fabricados localmente. Además, la entidad reporta contratos con Codaltec por 65.000 millones de pesos destinados a sistemas antidrones y al mantenimiento de capacidades de la Fuerza Aérea. Sin embargo, el proyecto estrella es el Escudo Nacional Antidrones, valorado en cerca de 6,2 billones de pesos, cuya primera fase cuenta con una asignación aproximada de un billón de pesos y que actualmente se encuentra en etapa de pruebas y estructuración contractual. “Un solo sistema no se puede encargar de una amenaza tan compleja como lo son los drones”, enfatizó Camilo Mendoza, quien llamó a implementar una defensa multicapa que combine detección por radiofrecuencia, radares y drones interceptores.
La carrera tecnológica entre el Estado y las estructuras armadas
El incremento de ataques con drones cargados de explosivos, utilizados tanto contra la fuerza pública como contra la población civil, ha puesto en evidencia una capacidad de adaptación que supera los tiempos de respuesta institucional. Expertos como Mendoza advierten que algunas aeronaves pueden operar de formas que dificultan su identificación con sistemas convencionales, por lo que resulta indispensable mantener una estrategia conjunta entre las Fuerzas Militares y la Policía, adaptable a una amenaza que muta constantemente. La discusión refleja, en esencia, una carrera tecnológica en la que el Estado debe cerrar la brecha para evitar que los grupos delictivos sigan ganando ventaja.
Nuevo proyecto de ley para regular drones y sistemas antidrones
En el frente normativo, el Ministerio de Defensa radicó el pasado 5 de agosto de 2026 un nuevo proyecto de ley que busca establecer reglas claras sobre la importación, fabricación, comercialización, uso y control de drones y sistemas antidrones en el país. La iniciativa llega después de que un proyecto anterior fuera archivado, y pretende encontrar un equilibrio entre la necesidad de seguridad y la protección del uso legal, comercial e institucional de estas tecnologías. Mientras tanto, el desafío sigue siendo mayúsculo: garantizar que la respuesta estatal avance al mismo ritmo que la amenaza.
«Cuando se compara esa capacidad con las capacidades que ha adquirido la amenaza, desafortunadamente vemos que hay una brecha a favor de los grupos delictivos, pero sí se está trabajando»
Camilo Mendoza, experto en defensa antiaérea y tecnologías antidrones
El reporte del Ministerio de Defensa, complementado con información del Servicio de las Naciones Unidas de Acción Contra Minas Antipersonal (UNMAS), subraya que la amenaza no se limita a las zonas de conflicto tradicionales, sino que se ha expandido a diversas regiones del país. La combinación de drones de bajo costo con explosivos artesanales ha permitido a los grupos armados multiplicar su capacidad de ataque sin necesidad de grandes inversiones, lo que obliga al Estado a redoblar esfuerzos en inteligencia, tecnología y coordinación interinstitucional para cerrar una brecha que, por ahora, sigue favoreciendo a quienes buscan desestabilizar la seguridad nacional.
