El Consejo de Estado, bajo la ponencia del magistrado Nicolás Yepes Corrales, deberá definir en los próximos días si suspende o no el giro de 1,3 billones de pesos a Portugal por el nuevo modelo de pasaportes. La decisión se tomó luego de que la Procuraduría General de la Nación apelara la negativa del Tribunal Administrativo de Cundinamarca a decretar una medida cautelar que frenara el millonario pago. El procurador Marcio Melgosa presentó un oficio de 14 páginas en el que cuestiona la ponderación realizada por el Tribunal y advierte sobre un “riesgo cierto de ilegalidad” en el convenio firmado con la Casa de la Moneda de Portugal. El expediente llegó a la Sección Tercera del alto tribunal el pasado 20 de agosto, después de que el Tribunal ordenara su remisión el 10 de agosto, y ahora el magistrado Yepes Corrales deberá estudiar los argumentos de ambas partes para tomar una decisión definitiva.
La controversia se originó cuando la Cancillería reemplazó el modelo de pasaportes que venía operando con la firma Thomas Greg & Sons por un esquema estatal que incluye el apoyo de la Casa de la Moneda de Portugal. Se firmaron varios contratos, entre ellos un convenio internacional con el país europeo y acuerdos interadministrativos con la Imprenta Nacional, uno de los cuales supera los 185,37 mil millones de pesos. El nuevo sistema ya está completamente en funcionamiento y, hasta el 6 de agosto de 2026, había expedido más de 383.000 documentos. Sin embargo, la Procuraduría considera que el convenio con Portugal es “presuntamente contrario al ordenamiento jurídico” y que, por tanto, no debería autorizarse el pago de 1,3 billones de pesos, suma que en total asciende a 1,49 billones si se incluyen todos los compromisos adquiridos.
Los argumentos en pugna
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en un auto del 27 de julio de 2026 firmado por el magistrado José Élver Muñoz, negó la medida cautelar solicitada por la Procuraduría al considerar que no se demostró un perjuicio irremediable ni que los efectos de una eventual sentencia pudieran resultar nugatorios. Para el Tribunal, la continuidad del servicio público de expedición de pasaportes era un factor determinante, y advirtió que suspender el pago podría generar un “riesgo cierto de afectación al servicio”. No obstante, la Procuraduría, en su apelación del 31 de julio, sostiene que la providencia apelada “incurre en una ponderación incompleta al asumir que la continuidad del servicio constituye, por sí sola, una razón suficiente para negar cualquier medida de protección provisional”. El ente de control insiste en que es posible “garantizar que el servicio no se interrumpa y hacerlo mediante procedimientos ajustados a la Constitución y a la ley”.
Por su parte, el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, representado por su apoderada Alexandra Quintero Fajardo, se opuso a la apelación con un escrito de 8 páginas. En su defensa, Quintero Fajardo argumentó que “el prestador anterior no está en capacidad de producir los nuevos pasaportes” y que “el nuevo modelo de prestación de pasaportes se encuentra 100% en ejecución”, por lo que suspender el pago podría paralizar el servicio.
“El prestador anterior no está en capacidad de producir los nuevos pasaportes”
Alexandra Quintero Fajardo, apoderada del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores
Un proceso con múltiples aristas
La disputa por el modelo de pasaportes no se limita a este proceso. La Procuraduría también ha iniciado una controversia contractual, mientras que una acción popular presentada por Nicolás Dupont Bernal y la Fundación Dilo Colombia avanza por separado. Además, el tribunal ordenó remitir copias a la Procuraduría y a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá para que investiguen posibles irregularidades. En un episodio paralelo, el magistrado Moisés Rodrigo Mazabel fue objeto de una recusación que el tribunal calificó como abusiva, dejando en firme una sanción de siete salarios mínimos contra la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y contra Mariano Ezequiel Barros. El nuevo gobierno, mientras tanto, aún no ha fijado una posición oficial sobre el caso, y toda la atención se centra ahora en la decisión que tome el Consejo de Estado, que podría definir no solo el futuro del pago millonario, sino también la estabilidad de un servicio que ya está en plena ejecución.
