La bancada del Pacto Histórico en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes negó categóricamente cualquier acuerdo político con el uribismo en el marco del expediente de las masacres de La Granja y El Aro, que compromete al expresidente Álvaro Uribe Vélez. En un comunicado oficial, la colectividad despejó los señalamientos sobre un supuesto entendimiento con sectores uribistas dentro de la célula legislativa y respaldó que la Fiscalía General de la Nación continúe con las pesquisas mientras la Corte Constitucional dirime la controversia de competencia que ha surgido entre ambas instituciones. El pronunciamiento busca aclarar la postura del movimiento frente a un caso que ha generado intenso debate público y que involucra hechos ocurridos hace casi tres décadas en el departamento de Antioquia.
Las masacres de La Granja, ocurrida en junio de 1996, y la de El Aro, en octubre de 1997, tuvieron como escenario los corregimientos del municipio de Ituango, Antioquia, cuando Uribe Vélez se desempeñaba como gobernador del departamento. La investigación busca establecer si existieron posibles omisiones en la protección de la población civil por parte de las autoridades departamentales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya condenó al Estado colombiano en 2006 por responsabilidad en los hechos y por falta de protección a las víctimas, que incluyeron pobladores muertos, desplazamientos forzados de familias y graves daños materiales en la infraestructura rural de la zona.
La disputa institucional y el rol de la Comisión de Acusación
La controversia se originó cuando el representante Carlos Cuenca, presidente de la Comisión de Investigación y Acusación y miembro de Cambio Radical, solicitó formalmente el traslado del expediente desde la Fiscalía hacia esa célula legislativa, al considerar que la Comisión es el juez natural para procesar a exmandatarios. Sin embargo, la fiscal Marcela Abadía decidió no trasladar el caso, lo que generó un conflicto de competencias que ahora deberá resolver la Corte Constitucional. Frente a este escenario, el Pacto Histórico emitió su comunicado para despejar cualquier duda sobre su posición y evitar interpretaciones sobre una supuesta complicidad o favorecimiento a la impunidad.
En el texto, la bancada afirmó de manera contundente: “No existe ni existirá acuerdo político alguno que comprometa la justicia, la verdad o los derechos de las víctimas. No promoveremos impunidad ni dilaciones y jamás estaremos del lado de los victimarios”. De igual forma, subrayaron que respaldan que la Fiscalía continúe con la investigación mientras la Corte Constitucional dirime la controversia sobre la competencia, porque “definir con claridad la autoridad competente es una garantía para la propia investigación, pero esa discusión procesal no puede convertirse en motivo para detenerla o dilatarla”.
“No existe ni existirá acuerdo político alguno que comprometa la justicia, la verdad o los derechos de las víctimas. No promoveremos impunidad ni dilaciones y jamás estaremos del lado de los victimarios”
Comunicado de la bancada del Pacto Histórico en la Comisión de Acusación
El pronunciamiento se produce en medio de los preparativos para la indagatoria presencial que deberá rendir el expresidente Álvaro Uribe el próximo 4 de septiembre de 2026, fecha ya programada por la Fiscalía. Si la Corte Constitucional determina que la competencia corresponde al Congreso, el expediente será enviado a la Comisión de Investigación y Acusación para que se designen los congresistas encargados de la investigación. En caso contrario, si el alto tribunal falla a favor de la Fiscalía, la fiscal Marcela Abadía continuará al frente del caso y definirá la situación jurídica de Uribe. Mientras tanto, la bancada del Pacto Histórico insiste en que su postura es clara: no habrá acuerdos que comprometan la verdad ni los derechos de las víctimas de aquellas masacres que marcaron la historia reciente de Colombia.
