La Defensoría del Pueblo emitió una alerta urgente sobre una crisis humanitaria compleja en el departamento del Chocó, donde la convergencia de violencia armada ejercida por el Clan del Golfo y el ELN, desplazamientos forzados, confinamientos, minería ilegal y los efectos del terremoto registrado el pasado 10 de agosto han creado una situación de emergencia que ya afecta a miles de personas. Tras una misión humanitaria de verificación realizada el 25 de agosto, la entidad exhortó a los grupos armados a respetar el Derecho Internacional Humanitario y solicitó al Gobierno nacional, a la Gobernación del Chocó y a las alcaldías municipales activar de inmediato las rutas de atención humanitaria para atender a las comunidades más vulnerables.
El terremoto del 10 de agosto agravó una situación ya crítica en un territorio que desde hace años soporta la presencia de grupos armados ilegales y la explotación minera ilegal con maquinaria pesada. Según la alerta de la Defensoría, más de 3.000 personas permanecen confinadas en diferentes zonas del departamento como consecuencia directa de la violencia y los daños del sismo, que dejó incomunicadas vastas regiones rurales y dificultó la entrega de ayuda humanitaria. La falta de un censo definitivo de afectados por el terremoto, advierte la entidad, impide dimensionar los verdaderos daños y coordinar una respuesta eficaz, por lo que instó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y demás entidades a priorizar este censo y garantizar el acceso de la ayuda a las comunidades que permanecen aisladas.
Desplazamientos, confinamientos y ataques con drones
Uno de los episodios más recientes de violencia se registró el 23 de agosto en el corregimiento de Charco Hondo, donde un enfrentamiento entre grupos armados incluyó el uso de drones con explosivos, dejando tres civiles heridos y provocando el desplazamiento forzado de 65 familias. La Defensoría documentó además que más de 650 familias permanecen confinadas en las comunidades de Sipí y Nóvita, mientras que 129 familias del bajo río Tamaná han sido afectadas por la presencia prolongada del Clan del Golfo, que mantiene operaciones en San Agustín, Sipí, y avanza hacia otras zonas del departamento, generando enfrentamientos con el ELN. En la vía Quibdó–Medellín, comunidades indígenas han comenzado a desplazarse ante el incremento de las actividades armadas en la zona.
La minería ilegal con maquinaria pesada también golpea con fuerza a la región. Un total de 18 comunidades afrodescendientes e indígenas, que agrupan a cerca de 3.800 personas, resultan afectadas por esta actividad en los municipios de Lloró, Bagadó y el corredor Noanamá–Cucurrupi. La Defensoría verificó durante su misión humanitaria el estado de un albergue étnico de Acadesan en Istmina, que también resultó afectado por el sismo, y brindó acompañamiento a las familias desplazadas y confinadas.
El impacto del terremoto, además de los daños estructurales en viviendas y bienes colectivos, ha generado afectaciones psicológicas en la población. La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) reportó que 68.583 indígenas fueron afectados de manera directa por el sismo en los departamentos de Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. En el Chocó, las subregiones del San Juan y municipios como Sipí, Nóvita, Charco Hondo, Istmina, Alto Baudó, Bajo Baudó, Juradó, Nuquí, Bojayá, Lloró y Bagadó son los más golpeados por esta crisis múltiple.
La Defensoría del Pueblo anunció que continuará acompañando a las comunidades afectadas y haciendo seguimiento a la evolución de la crisis, en tanto que reiteró su llamado a los actores armados a cesar las hostilidades y permitir el acceso humanitario, y a las instituciones del Estado a coordinar sin demora las acciones necesarias para atender a una población que enfrenta, al mismo tiempo, la violencia, la minería ilegal y los estragos de un desastre natural.
