Versiones no oficiales que circulan en los círculos diplomáticos indican que el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella evalúa retirar a Colombia de la Corte Penal Internacional (CPI), una decisión que se alinearía con la recomendación hecha por Estados Unidos a los miembros de la Coalición Contra los Carteles de las Américas (ACCC). La iniciativa, que aún no cuenta con un pronunciamiento oficial desde la Casa de Nariño, surgiría tras las declaraciones del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, quien en un foro realizado en Panamá instó a los países de la coalición a abandonar el tribunal internacional.
Durante su intervención, Hegseth fue contundente: «Recomiendo encarecidamente a todos los miembros de la ACCC que abandonen la CPI y rechacen sus intentos de despojar a sus gobiernos y tribunales de su soberanía». La postura estadounidense fue reforzada por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien calificó a la CPI como «un tribunal supranacional corrupto y fatalmente politizado que ha abusado de manera maliciosa de su autoridad y ha excedido su mandato», señalando que la administración Trump no tolerará lo que considera un asalto a la soberanía de las naciones.
Un proceso que tomaría tiempo y dejaría rezagos legales
La eventual salida de Colombia no sería inmediata. El proceso requeriría la denuncia formal del Estatuto de Roma, del cual el país es parte desde 2002, durante el gobierno de Andrés Pastrana. Según los mecanismos establecidos, una vez presentada la notificación formal, el país seguiría vinculado al tribunal por un período de un año. Además, la CPI mantendría su competencia para investigar y juzgar hechos ocurridos mientras Colombia fue Estado Parte, lo que implica que el país aún podría enfrentar escrutinio internacional por acciones pasadas.
Las opiniones de los expertos consultados reflejan una profunda división sobre las consecuencias de esta medida. Mauricio Jaramillo Jassir, exviceministro de Asuntos Multilaterales, calificó la posible decisión como «un retroceso tremendo», señalando que implica abandonar un principio de Estado que se ha mantenido desde la administración Pastrana, abarcando gobiernos de distintas ideologías. «Significa un menor compromiso de Colombia con el derecho internacional», advirtió, agregando que la medida «metería a Colombia en el club de aquellos países que no creen en la justicia penal internacional» y «aislaría aún más al país de lo que ya nos ha dejado este gobierno».
«Sería un retroceso tremendo. Significa abandonar un principio de Estado que empezó en el Gobierno de Andrés Pastrana; incluso los de derecha, conservadores y el último progresista, mantuvieron. Representa un menor compromiso de Colombia con el derecho internacional…»
Mauricio Jaramillo Jassir, exviceministro de Asuntos Multilaterales de Colombia
Jaramillo fue enfático al afirmar que la salida de la CPI no debe plantearse en términos de beneficios diplomáticos. «Es absolutamente engañoso y es muy peligroso plantear la salida de la CPI en términos de beneficios diplomáticos. La intención es muy clara, es alinearse, renegociarse con el gobierno de Estados Unidos», sentenció.
Por otro lado, el analista político e internacionalista de la Universidad del Rosario, Mateo Amaya Quimbayo, ofreció una visión más matizada sobre el impacto real de la medida. «La Corte Penal Internacional ha desarrollado algunas sentencias, sobre todo en países africanos, pero la gran mayoría de esas sentencias no han sido ejecutadas. El gran problema en la Corte Penal Internacional es que no tiene policía para ejecutar ese tipo de sentencias», explicó Amaya, quien minimizó el impacto jurídico de la salida. Sin embargo, coincidió en que la decisión tiene un claro componente geopolítico: «Salirse de la Corte Penal Internacional, del Estatuto de Roma, lleva a alinearse… con la política exterior de Estados Unidos, incluso de Israel».
Mientras el gobierno colombiano guarda silencio, la comunidad internacional observa con atención. La CPI, presidida actualmente por la japonesa Tomoko Akane, enfrenta uno de sus mayores desafíos de legitimidad en un momento en que potencias como Estados Unidos y sus aliados cuestionan abiertamente su autoridad. Para Colombia, la decisión representa una encrucijada entre la tradición de compromiso con el derecho internacional que el país ha mantenido desde 2002 y la necesidad de alinearse estratégicamente con la política exterior de la administración Trump, en un escenario donde la efectividad del tribunal sigue siendo puesta en duda incluso por quienes reconocen su valor simbólico.
