La Fiscalía General de la Nación dio un giro radical en el caso que involucra a Laura Sarabia, exjefa de gabinete y luego canciller del presidente Gustavo Petro, al descartar la justicia restaurativa y preparar una imputación formal por tres delitos graves. Según fuentes judiciales, la ruptura del acuerdo que buscaba evitar el juicio oral se produjo luego de que el capitán Óscar Leandro Mojica Cordón firmara un principio de oportunidad el pasado 2 de julio de 2024 para declarar bajo juramento que Sarabia impartió la instrucción directa de someter a la trabajadora doméstica Marelbys Meza a una prueba de polígrafo. A ello se sumó la solicitud de Fabiola Perea, otra exempleada, de ser reconocida como víctima por un allanamiento ilegal a su vivienda y la vulneración de su intimidad.
Los hechos se remontan al 30 de enero de 2023, cuando en la Casa Galán, el edificio de inteligencia ubicado frente a la Casa de Nariño en Bogotá, Marelbys Meza fue sometida a un polígrafo tras la desaparición de 7.000 dólares y documentos del Estado en el apartamento de Sarabia. La entonces jefa de gabinete negó en enero de 2024 haber ordenado la prueba, argumentando que la decisión correspondía a su esquema de seguridad. Sin embargo, la declaración del capitán Mojica –quien según Sarabia debía decidir– cambió el curso de la investigación: ahora testifica que ella dio la orden. La defensa de Sarabia, inicialmente liderada por Mauricio Pava y luego por el exfiscal Mario Iguarán, había explorado un mecanismo de justicia restaurativa que, según una carta de la apoderada de Meza fechada en julio de 2026, buscaba reparar el daño con la voluntad «libre, expresa e informada» de la víctima. El monto de la compensación económica propuesta no se reveló.
Los tres delitos y el impacto legal
La imputación que prepara la fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema, Marcela Abadía Cubillos, incluye tres conductas: peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal. Si se concreta una condena, Sarabia podría enfrentar consecuencias severas debido a la aplicación del artículo 68A del Código Penal, que impide beneficios como la suspensión condicional de la pena o la prisión domiciliaria. El caso avanza, así, hacia un juicio penal inédito contra una figura cercana al poder, mientras la defensa analiza dos caminos: controvertir la acusación en el debate oral o buscar una salida negociada mediante un preacuerdo o un principio de oportunidad.
«Fue un tema de seguridad nacional y el polígrafo fue voluntario»
Víctor Mosquera, abogado de Álvaro Ramírez Suárez (caso de 2020), citado como posible argumento de defensa
El testimonio de Mojica no solo precipitó la ruptura del acuerdo restaurativo, sino que también abrió la puerta a que Fabiola Perea –quien trabajó como empleada doméstica de Sarabia– fuera reconocida como víctima. Ella denunció que policías de civil allanaron su vivienda sin orden judicial, violando su intimidad en lo que considera una extensión de la misma trama de abuso de poder. Su abogado, Mauricio Marín, afirmó que la Fiscalía no respaldaría la salida restaurativa, lo que allanó el terreno para la imputación.
Un precedente similar en el gobierno Duque
El caso guarda un paralelo inquietante con lo ocurrido en 2020, durante el gobierno de Iván Duque, cuando tres enfermeras y una empleada doméstica fueron sometidas a un polígrafo en la misma Casa Galán. En esa ocasión, la investigación se archivó por atipicidad, es decir, porque los hechos no configuraron delito. Este antecedente es mencionado por la defensa de Sarabia como un posible argumento para demostrar que la práctica no es ilegal per se, aunque las circunstancias y la jerarquía de la ordenada ahora –una alta funcionaria del Ejecutivo– le dan una dimensión política y judicial inédita.
«Desde el primer momento, se han puesto a disposición de la Fiscalía y están prestos a entregar las explicaciones»
Mario Iguarán, defensor de Laura Sarabia
El desenlace de este proceso judicial se seguirá con lupa, no solo por lo que implica para los implicados, sino por el mensaje que envía sobre la rendición de cuentas en las altas esferas del poder. Mientras la Fiscalía avanza hacia la imputación, la defensa de Sarabia insiste en que ha colaborado y confía en demostrar su inocencia. La justicia restaurativa quedó en el camino; ahora, el expediente se encamina a un juicio que podría marcar un antecedente en la Colombia del cambio.
