El ministro del Interior, Rodrigo Lara, lanzó una dura confrontación contra la Alcaldía de Bogotá por el manejo de las cámaras de fotodetección en la capital, calificando el recaudo de fotomultas como «abusivo». En un pronunciamiento que marca un nuevo capítulo en la disputa por la seguridad vial, Lara también respaldó de manera contundente la reforma al Código Nacional de Tránsito impulsada por el presidente Abelardo de la Espriella, a quien le pidió revisar a fondo el funcionamiento de todos los dispositivos de fotomultas en el territorio nacional.
Un pulso entre el Gobierno y Bogotá
El enfrentamiento se da en un momento en que la Secretaría Distrital de Movilidad administra más de 120 cámaras de fotomultas en la capital, a las que se sumaron 18 nuevos dispositivos instalados recientemente en corredores principales de la ciudad. Mientras la administración distrital defiende estas herramientas como mecanismos para salvar vidas y mantener el orden en las vías, el ministro Lara insistió en que la prevención vial no puede convertirse en un modelo de negocio contra los ciudadanos. «Prevención vial sí; recaudo abusivo no», sentenció el jefe de la cartera política, quien recordó que lleva años librando esta batalla en Bogotá y que ahora, con el respaldo presidencial, confía en obtener resultados concretos.
El presidente Abelardo de la Espriella no se ha quedado atrás en su ofensiva contra lo que denominó la «mafia de las fotomultas, grúas y patios». En sus declaraciones, el jefe de Estado fue enfático: «Ya está bueno de tantos abusos. Le pido que revise a fondo el funcionamiento y la legalidad de todas las fotomultas en el territorio nacional». La directriz del Ejecutivo es clara: la seguridad vial debe privilegiar la prevención y evitar que los procedimientos asociados a grúas, patios y fotodetección se utilicen como mecanismos de recaudo excesivo que golpeen el bolsillo de los colombianos.
Reforma integral al Código de Tránsito
En medio de esta controversia, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, confirmó que ya se prepara el borrador del nuevo Código Nacional de Tránsito, una reforma que promete cambios estructurales en materia de movilidad. Entre las propuestas que se barajan se incluyen multas proporcionales a la capacidad económica de los conductores, la reducción de los cobros asociados a los sistemas Runt y Simit, cursos de tránsito más accesibles, la ampliación de la vigencia de las licencias de conducción y plazos más razonables para la realización de la revisión técnico-mecánica. La intención, según lo expresado por la propia ministra, es proteger la vida en las vías, acabar con los abusos y aliviar la carga económica de los ciudadanos.
«Las ciudades como Bogotá no pueden convertir la seguridad vial en un negocio contra el ciudadano. Esta batalla la he librado durante años en Bogotá. Hoy, por voluntad del presidente, la vamos a ganar»
Rodrigo Lara, ministro del Interior
El respaldo del Ministerio del Interior al proyecto de reforma fue recibido con gratitud por parte de la ministra Noguera, quien a través de su cuenta en la red social X agradeció el apoyo: «Gracias, ministro. Su respaldo será fundamental para sacar adelante esta reforma. Ya estamos preparando el borrador del nuevo Código de Tránsito para proteger la vida en las vías, acabar con los abusos y aliviar el bolsillo de los colombianos». La alianza entre ambas carteras deja entrever que el Gobierno nacional está decidido a avanzar en la reglamentación y que el debate sobre la legalidad de las fotomultas no cerrará hasta obtener respuestas concretas de los municipios y del distrito capital.
La polémica en torno a las fotomultas no es nueva en Bogotá, donde históricamente se ha cuestionado el uso comercial de estos dispositivos. Con más de 120 cámaras administradas por la Secretaría Distrital de Movilidad y la reciente instalación de 18 nuevos equipos, la capital se ha convertido en un territorio de disputa entre quienes defienden la tecnología como un método efectivo de prevención y quienes la consideran un instrumento de expoliación económica. El ajuste de cuentas entre el Ejecutivo y la Alcaldía de Bogotá promete un debate extenso, mientras el país espera conocer el articulado completo de la reforma al Código Nacional de Tránsito en los próximos meses.
