El presidente Abelardo de la Espriella respaldó este jueves 27 de agosto las operaciones militares adelantadas en el departamento del Guaviare, luego de que se confirmara la muerte de tres menores de edad durante un bombardeo ejecutado por las Fuerzas Militares en el marco del operativo Amón. En total, diez personas fallecieron en el ataque, entre ellas dos adolescentes de 15 años y uno de 16 años, según informó el Instituto Nacional de Medicina Legal, que recibió los cuerpos para su identificación. El Ministerio de Defensa, encabezado por Jorge Mora, rechazó de manera categórica el reclutamiento infantil y calificó estos hechos como un crimen de guerra.
El operativo, denominado Amón, incluyó ataques aéreos estratégicos contra grupos armados que, según el Gobierno, reclutan menores para convertirlos en combatientes o escudos humanos. El presidente De la Espriella fue contundente en su respaldo a las fuerzas militares: “Todo mi respaldo a las operaciones militares que combaten, con las armas de la República y conforme a la Constitución y la ley, a los grupos narcoterroristas”. Asimismo, señaló que “los bandidos que durante décadas han reclutado menores para convertirlos en combatientes o en escudos humanos deben pagar por esos crímenes que violan el Derecho Humanitario”. El mandatario añadió que “no descansaré hasta reconstruir los valores de La Patria y retomar la soberanía que le había sido entregada al narcoterrorismo”.
Ministerio de Defensa defiende legalidad del operativo
La cartera de Defensa, liderada por Jorge Mora, emitió un comunicado en el que aseguró que la operación militar cumplió con todos los estándares legales para los ataques aéreos estratégicos durante el planeamiento y la ejecución, y que se realizaron los actos urgentes en el sitio de los hechos que exige la ley, incluida la entrega de los cuerpos a Medicina Legal para su identificación. El Ministerio también subrayó que “el reclutamiento y la utilización de menores de edad en el conflicto constituye un crimen de guerra y una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario”, y que es clara la responsabilidad de los Grupos Armados Organizados narcoterroristas, que infringen tanto el Estatuto de la Corte Penal Internacional como la normatividad nacional que tipifica el reclutamiento ilícito.
“La operación militar observó todos los estándares legales para los ataques aéreos estratégicos durante el planeamiento y la ejecución y también se realizaron los actos urgentes en el sitio de los hechos que exige la ley. Entre ellos la entrega de los cuerpos a Medicina Legal para su respectiva identificación.”
Ministerio de Defensa, cartera dirigida por Jorge Mora
El debate sobre la legalidad y ética del operativo se intensifica tras la muerte de los menores, mientras el Gobierno anunció que coordinará con el Ministerio de Justicia, la Rama Judicial y la Fiscalía para fortalecer la protección infantil y castigar el reclutamiento, incluyendo posibles ajustes en las sanciones penales y la persecución a las cadenas de mando de los grupos armados. El presidente De la Espriella reiteró su compromiso de combatir el narcoterrorismo con todas las herramientas del Estado, en medio de las críticas que cuestionan la proporcionalidad de las acciones militares cuando hay víctimas menores de edad.
