El Ministerio de Hacienda, liderado por el ministro Miguel Gómez Martínez, radicó ante el Congreso de la República el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, un ajuste que asciende a 634,95 billones de pesos y que revela un déficit fiscal superior al siete por ciento del Producto Interno Bruto. Este movimiento, calificado como un «sinceramiento» de las cuentas fiscales, implicó un incremento de 59,3 billones respecto al monto inicial de 545,4 billones y un mayor financiamiento vía deuda, en un contexto donde el gobierno saliente de Gustavo Petro y el entrante de Abelardo de la Espriella deberán gestionar una reforma tributaria por 30 billones y una Ley de Ajuste Fiscal.
La reformulación del Plan Financiero excluyó 30,2 billones de pesos en ingresos tributarios contingentes que dependían de un proyecto de ley de financiamiento que el Congreso no tramitó en julio, y al mismo tiempo incorporó obligaciones de gasto preexistentes no reconocidas en áreas como salud, pensiones y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc). Como resultado, las necesidades de financiamiento saltaron de 130 a 266 billones de pesos, mientras que el déficit fiscal, en uno de los escenarios proyectados, pasó del 5,3 por ciento al 7,2 por ciento del PIB, e incluso podría alcanzar el 8,2 por ciento si no se ejecuta el ajuste previsto. Un escenario alternativo eleva la cifra al 9,4 por ciento.
José Ignacio López, presidente del Centro de Pensamiento Económico Anif, explicó que los gobiernos anteriores sobreestimaron ingresos entre 2023 y 2025, y subestimaron gastos en 2026, lo que llevó a este ajuste. «Para 2026, la historia fue al revés y el mercado financiero lo sabía: por primera vez en varios años, los ingresos proyectados eran razonables, pero para presentar cifras de déficit controladas, se proyectaron unos gastos más bajos, inverosímiles, que nadie creía», señaló López. El ajuste busca reconocer compromisos reales de gasto, incluyendo un mayor servicio de deuda y obligaciones pensionales, en un país donde cerca de 90.000 personas se pensionan cada año.
El deterioro del balance primario es clave para entender la magnitud del déficit. Según Anif, el déficit primario pasó de -0,5 por ciento a -4,5 por ciento del PIB en el escenario alternativo, y si el ajuste se aplica, bajaría al -2,3 por ciento. «El grueso del sinceramiento no viene únicamente del costo de la deuda, sino de una mayor necesidad fiscal antes de intereses», afirmó el centro de pensamiento. La deuda neta del Gobierno Nacional Central pasaría del 58,9 por ciento al 66,2 por ciento del PIB, mientras que los recursos de capital aumentaron un 53,4 por ciento, de 187,5 a 287,7 billones, con un incremento de 58,9 billones en crédito interno y 54,2 billones en crédito externo.
El aumento del gasto de 59,3 billones no corresponde a una expansión general, sino que el 61 por ciento se destina a mayor servicio de la deuda y el 42 por ciento al reconocimiento de obligaciones de funcionamiento preexistentes, como transferencias y pensiones. En concreto, el gasto de funcionamiento subió 24,9 billones (transferencias +20,3 billones, pensiones +6,5 billones, personal +4,5 billones), mientras que la inversión pública se redujo en 3 billones. Los ingresos corrientes de la Nación se redujeron en 10,7 billones, en gran medida por la exclusión de aquellos 30,2 billones contingentes. Para mitigar el impacto, se anunció un ajuste de austeridad por 17,4 billones, que incluye recortes en bienes (2,8 billones), otras transferencias (11,9 billones) e inversión (2,5 billones). El Fepc recibió mayores apropiaciones por 14,3 billones y el transporte por 700.000 millones de pesos.
La reacción del mercado no se hizo esperar: la deuda pública se desvalorizó 25 puntos básicos, con títulos como los de 2036 subiendo 35 puntos, los de 2032 con un alza de 41 y los de 2050 con 35 puntos adicionales. El peso colombiano se depreció un 2,26 por ciento, alcanzando un máximo de 3.225 pesos por dólar y cerrando parcialmente en 3.201, con una variación final del 1,52 por ciento. Este comportamiento refleja la percepción de un mayor riesgo fiscal.
La hoja de ruta del nuevo gobierno
El presidente electo Abelardo de la Espriella recibirá un panorama fiscal complejo. La Ley de Ajuste Fiscal anunciada por el Ministerio de Hacienda buscaría reducir el déficit primario en 2,2 puntos porcentuales, equivalentes a aproximadamente 45 billones de pesos, mientras que una reforma tributaria por 30 billones deberá ser tramitada en el Congreso. Según Anif, las Transferencias a las UVT (TUV) permitidas en 2026 y 2027 serían de apenas 0,1 por ciento del PIB cada año, cerca de 2 billones, mientras que el mayor nivel de deuda reduce el espacio de déficit permitido por la regla fiscal. «Manteniendo los supuestos del MFMP 2026 sobre los ciclos económico y petrolero entre 2028 y 2030, la convergencia hacia el cumplimiento de la regla fiscal requeriría un periodo de transición adicional que claramente se extendería durante todo el actual gobierno», advierte el centro de pensamiento.
«En su margen, el nuevo PGN 2027 fue un sinceramiento que implicó un presupuesto financiado con mayor deuda»
Anif, Centro de Pensamiento Económico
El ministro Gómez Martínez ha defendido el ajuste como un paso necesario para poner sobre la mesa los compromisos reales del Estado, especialmente aquellos relacionados con el servicio de la deuda, donde el 82 por ciento del aumento corresponde a amortizaciones y pagos no contemplados previamente, lo que justificaría una refinanciación total. El Congreso tiene plazo hasta el 30 de octubre de 2026 para aprobar el proyecto, en medio de un debate que promete ser intenso por el impacto fiscal y las implicaciones para la economía del país.
