Tres menores de edad murieron durante una operación militar llevada a cabo el pasado 27 de agosto en El Retorno, Guaviare, elevando a 107 el total de menores fallecidos en operaciones de este tipo durante los gobiernos de Iván Duque, Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella. El operativo, denominado «Amón», fue ejecutado por las Fuerzas Militares contra tres zonas campamentarias del Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de alias ‘Calarcá’, y dejó un saldo de diez integrantes de ese grupo armado muertos, entre ellos dos menores de 15 años y uno de 16 años, además de un capturado y un menor recuperado.
El presidente Abelardo de la Espriella expresó de inmediato su respaldo a la acción militar. A través de su cuenta oficial en X, el mandatario afirmó: «Todo mi respaldo a las operaciones militares que combaten, con las armas de la República y conforme a la Constitución y la ley, a los grupos narcoterroristas». En la misma línea, el jefe de Estado responsabilizó directamente a las organizaciones armadas por la presencia de menores en el conflicto, señalando que «los bandidos que durante décadas han reclutado menores para convertirlos en combatientes o en escudos humanos deben pagar por esos crímenes que violan el Derecho Humanitario».
Defensa de la legalidad del operativo
El Ministerio de Defensa, dirigido por Jorge Mora, salió al paso de las críticas y aseguró que el procedimiento cumplió con todos los protocolos establecidos para este tipo de acciones. En una declaración oficial, la cartera de Defensa indicó que «la operación militar observó todos los estándares legales para los ataques aéreos estratégicos durante el planeamiento y la ejecución y también se realizaron los actos urgentes en el sitio de los hechos que exige la ley», añadiendo que se procedió a la entrega de los cuerpos a Medicina Legal para su respectiva identificación. Las Fuerzas Militares, por su parte, divulgaron imágenes del despliegue aéreo, el ingreso de tropas y el material de guerra incautado durante el operativo.
«La operación militar observó todos los estándares legales para los ataques aéreos estratégicos durante el planeamiento y la ejecución y también se realizaron los actos urgentes en el sitio de los hechos que exige la ley. Entre ellos la entrega de los cuerpos a Medicina Legal para su respectiva identificación.»
Ministerio de Defensa (Jorge Mora)
Este nuevo episodio reaviva un debate que ha marcado los últimos tres gobiernos. Durante la administración de Iván Duque se registraron 42 menores muertos en operaciones militares, incluyendo el bombardeo de San Vicente del Caguán, Caquetá, del 29 de agosto de 2019, donde fallecieron ocho menores de edad, hecho que llevó a la renuncia del entonces Ministro de Defensa, Guillermo Botero, y el caso de Calamar, Guaviare, en marzo de 2021. Bajo el gobierno de Gustavo Petro la cifra ascendió a 62 menores fallecidos, entre ellos siete en un operativo en Guaviare contra las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en noviembre de 2025, un bombardeo que fue autorizado por ese gobierno alegando que la estructura se desplazaba hacia tropas del Ejército. Con los tres menores fallecidos en la reciente operación en El Retorno, el balance durante el gobierno de Abelardo de la Espriella asciende a tres víctimas, configurando una problemática que persiste más allá de las orientaciones políticas de cada administración y que mantiene en el centro de la discusión el reclutamiento de menores por parte de los grupos armados y las condiciones en que las Fuerzas Militares ejecutan los bombardeos.
