La concejal de Bogotá Sandra Forero Ramírez presentó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, por las declaraciones en las que cuestionó la legitimidad de la elección de Abelardo de la Espriella como presidente y sostuvo que Gustavo Petro sigue siendo el mandatario. La denuncia, que invoca el numeral 6 del artículo 277 de la Constitución, señala un presunto incumplimiento del deber de proteger las instituciones y los mecanismos de participación del Estado.
Los hechos se remontan a un acto público al aire libre en el que Zuleta interrumpió la actividad para rechazar los resultados electorales, pese a que la autoridad electoral ya había declarado oficialmente los resultados y De la Espriella había asumido el cargo. En ese contexto, la senadora afirmó que no permitía que le dijeran expresidente a Petro y que la población popular tenía un presidente, mientras que los sectores ricos podían reconocer a De La Espriella, a quien habría acusado de «robar» las elecciones.
Los argumentos de la queja
Forero Ramírez solicitó formalmente que se revise el video completo, el lugar y el contexto de las declaraciones para determinar si constituyen una falta disciplinaria. La concejal reconoce que la Constitución protege las opiniones de los congresistas en ejercicio, por lo que no se puede establecer automáticamente una infracción. Sin embargo, considera que el señalamiento directo contra De La Espriella aumenta la gravedad del caso, pues podría vulnerar la confianza en las instituciones y el deber de proteger el orden constitucional.
«Petro sigue siendo el presidente de Colombia. No permito que le digan expresidente»
Isabel Zuleta, senadora del Pacto Histórico
El pronunciamiento de la senadora generó protestas de dirigentes y sectores políticos que pidieron investigar el alcance de sus afirmaciones. Ahora, la Procuraduría deberá valorar el contenido completo de la grabación y las circunstancias del acto para decidir si abre una investigación formal, en un caso que plantea un delicado equilibrio entre la libertad de opinión política y la responsabilidad de quienes ejercen funciones públicas.
