La Contraloría General de la República encendió las alarmas sobre el estado del sistema de salud colombiano al revelar que la deuda de las EPS con hospitales, clínicas y proveedores alcanzó los 58,06 billones de pesos al cierre de 2025, lo que representa un incremento del 26,5 % frente al año anterior. El informe, elaborado con base en la revisión de estados financieros certificados de 26 de las 29 EPS activas en el país y aplicando la metodología Fénix, concluyó que las intervenciones ordenadas por la Superintendencia Nacional de Salud no lograron revertir el deterioro financiero de las aseguradoras. En promedio, las EPS gastaron el 110 % de los recursos recibidos por afiliado a través de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), y 19 entidades superaron el 100 % de siniestralidad, es decir, destinaron más dinero del que ingresaron para cubrir los servicios de salud de sus afiliados.
El organismo de control detalló que el 83 % de esa abultada deuda corresponde a EPS que se encuentran bajo intervención forzosa o medidas especiales por parte de la Supersalud. Además, 17 de las 26 EPS analizadas —el 65 %— terminaron el año con pérdidas operativas que sumaron 5,73 billones de pesos. La situación es especialmente crítica para seis aseguradoras intervenidas que cerraron con patrimonio negativo: Coosalud, Savia Salud, Famisanar, Emssanar, Asmet Salud y SOS. Entre ellas, Savia Salud presenta indicadores alarmantes, con pasivos que superan en más de once veces el valor de sus activos y un indicador Fénix que empeoró de -8,23 en 2024 a -10,73 en 2025.
Cuatro EPS cumplen con los requisitos mínimos
De acuerdo con el reporte de la Contraloría, apenas cuatro de las 26 aseguradoras evaluadas cumplían con todos los requisitos financieros exigidos por el Decreto 780 de 2016: Aliansalud, Anas wayuu EPSI, EPM y Salud Mía. Estas cuatro entidades agrupan apenas 641.713 afiliados, poco más del 1 % de la población asegurada en Colombia. Esto significa que el 98,76 % de los afiliados se encuentra vinculado a una EPS que no cumple con los estándares mínimos de capital, patrimonio adecuado o reservas técnicas. El informe también reveló que la deuda con operadores farmacéuticos creció de 2,85 billones de pesos en 2024 a 3,80 billones en 2025, evidenciando un aumento sostenido de las obligaciones con los proveedores de medicamentos.
Uno de los casos más preocupantes es el de Nueva EPS, que concentra más del 20 % de los afiliados del sistema y cuya deuda pasó de 22,18 billones de pesos en 2024 a 25,73 billones en 2025. Pese a que la entidad permanece bajo intervención forzosa desde abril de 2024, al momento del análisis no había certificado sus estados financieros de 2025. El interventor Jorge Iván Ospina se comprometió a entregarlos en un plazo de 15 días, pero más de un mes después la documentación aún no estaba disponible. Incluso a julio de 2026, Nueva EPS no había certificado sus cuentas correspondientes a 2023 y 2024.
Gastos administrativos fuera de norma
La Contraloría también detectó que algunas EPS incurren en gastos administrativos desproporcionados en relación con los recursos que reciben por afiliado. Por ejemplo, A.I.C. EPSI destinó el 10 % de la UPC a este rubro, Salud Bolívar llegó al 202,8 % —lo que implica que gastó más del doble de lo recibido solo en administración—, y el Fondo de Pensiones de Ferrocarriles Nacionales reportó un 16 % de la UPC en gastos administrativos. Estas cifras reflejan una gestión financiera insostenible que, según el organismo de control, pone en riesgo la prestación oportuna de servicios de salud a millones de colombianos. El informe de la Contraloría examinó variables como afiliación, costos de atención, solvencia y la situación de las entidades bajo intervención, y concluyó que, sin medidas correctivas estructurales, el sistema de salud continuará su camino hacia una crisis de mayores proporciones.
