La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a doce comparecientes, entre ellos exmilitares, policías y un exfuncionario de seguridad de Ecopetrol, por su presunta alianza con paramilitares para facilitar la toma violenta de Barrancabermeja entre 1998 y 2000. La imputación fue dictada mediante el Auto de Determinación de Hechos y Conductas del Subcaso Magdalena Medio del Caso 08, que atribuye a estos agentes estatales y a un civil la conformación de una alianza que preparó, facilitó y sostuvo la expansión paramilitar en la región, con un saldo de 431 personas asesinadas y 85 desaparecidas forzadamente, según documentó la JEP a partir de 624 compulsas de copias de Justicia y Paz, 35 versiones ante la Sala, 60 informes, 33 sentencias y archivos militares y policiales.
Entre los imputados figuran los coroneles retirados José Domingo García García y Óscar Diego Sánchez Vélez; los mayores retirados Juvenal Ovidio Brugés Palmera, Carlos Eduardo Avendaño Ávila, Oswaldo Prada Escobar y Jesús Herrera García; el teniente coronel retirado Juan Carlos Celis Hernández; el subintendente retirado Nilson Durán Durán; y el exfuncionario de seguridad de Ecopetrol José Eduardo González Sánchez. Además, la JEP imputó por omisión a los brigadieres generales retirados Héctor Eduardo Peña Porras, Fernando Millán Pérez y Alberto Bayardo Bravo Silva, a quienes la Sala de Reconocimiento atribuyó capacidad para prevenir los crímenes, controlar a sus subordinados y proteger a la población civil, pero no lo hicieron. La magistrada Catalina Díaz Gómez, presidenta de la Sala de Reconocimiento y relatora del subcaso, señaló que la sala atribuyó a los nueve comparecientes la conformación de una alianza que «preparó, facilitó y sostuvo la toma paramilitar».
Una alianza criminal con centro en el Batallón de Inteligencia
La JEP reconstruyó cómo la alianza entre la fuerza pública, los paramilitares y un civil de Ecopetrol operó desde dos centros clave: el área de seguridad de la Refinería de Ecopetrol y el Batallón de Inteligencia No. 2 (BITE) en Bucaramanga. El exjefe paramilitar Mario Jaimes Mejía, alias ‘El Panadero’, declaró que ocupar Barrancabermeja era «el plan del BITE». La investigación documentó 14 masacres ocurridas entre el 8 de enero de 1998 y el 29 de diciembre de 2000, entre las que destaca la del 16 de mayo de 1998, considerada como el «acto inaugural» de la alianza, cuando siete civiles fueron asesinados y otros 25 secuestrados, torturados y desaparecidos. Previo a esa masacre, según consta en la imputación, el presidente de la Unión Sindical Obrera (USO) advirtió al comandante de la Quinta Brigada, Fernando Millán Pérez, sobre un ataque inminente, pero no hubo respuesta. En total, la JEP identificó a 473 víctimas individuales en el marco de esta alianza.
«La sala atribuyó a los nueve comparecientes la conformación de una alianza que ‘preparó, facilitó y sostuvo la toma paramilitar'»
Magistrada Catalina Díaz Gómez, presidenta de la Sala de Reconocimiento y relatora del subcaso
Los imputados no solo facilitaron la incursión paramilitar, sino que también participaron activamente en acciones concretas. A García García, Brugés Palmera y González Sánchez les imputaron homicidio como crimen de guerra, además de exterminio y desaparición forzada como crímenes de lesa humanidad. El mayor retirado Oswaldo Prada Escobar entregó al exguerrillero ‘Maicol’ a los paramilitares para que guiara la incursión e identificara a las víctimas. Carlos Eduardo Avendaño Ávila ordenó retirar los vehículos blindados del retén de La Y minutos antes del ataque, mientras que Sánchez Vélez asistió a una reunión social con altos mandos esa misma noche. La JEP también imputó a tres comparecientes el crimen de persecución contra la USO y la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), al documentar seguimientos, infiltraciones, amenazas y desplazamientos forzados contra sindicalistas y defensores de derechos humanos. José Eduardo González Sánchez, exfuncionario de seguridad de Ecopetrol, fue señalado como un «actor bisagra» entre la empresa y los paramilitares.
