La excanciller colombiana Rosa Villavicencio, quien lideró la cartera de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Gustavo Petro, calificó como contradictoria la suspensión provisional que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó sobre el convenio para la producción y distribución de pasaportes. En declaraciones a Caracol Radio, la exfuncionaria sostuvo que la medida, adoptada en el marco de una acción popular presentada por Nicolás Dupont Bernal, responde a un interés político de sectores opositores y no a fallas reales en el modelo implementado.
El fallo del 2 de septiembre de 2026, que recae sobre el Convenio Interadministrativo Específico 001 de 2025 y el CI-005 de 2026, así como sobre los contratos derivados, fue emitido por el tribunal después de detectar lo que calificó como “planeación improvisada”, incumplimiento de cronogramas, informes contradictorios y falta de soportes sobre infraestructura y personal. La suspensión, sin embargo, incluye una orden expresa para que las entidades eviten cualquier interrupción en la expedición de pasaportes, lo que Villavicencio considera una paradoja jurídica.
Defensa del modelo y críticas al fallo
Durante su intervención, la excanciller defendió la legalidad y transparencia del esquema adoptado durante su gestión. “Creo que es una medida realmente muy contradictoria ese auto que ha proferido el Tribunal Administrativo Cundinamarca. Este auto habla de una suspensión provisional, pero por otra parte, pide que no se interrumpa la formalización y el tema de los pasaportes. Es desafortunado para la sociedad colombiana porque es un proceso que está funcionando sin problema y la estructura no tiene ningún tipo de fisura legal”, afirmó Villavicencio.
«El modelo es sostenible y una de las cosas que precisamente ha sido desafortunada es no haber tenido ese empalme para haber explicado ampliamente la sostenibilidad del modelo»
Rosa Villavicencio, excanciller de Colombia
Villavicencio insistió en que las falencias señaladas por el tribunal podrían resolverse si se hubiera realizado un empalme adecuado con la actual administración. En su análisis, las acciones judiciales promovidas por Dupont Bernal tienen un trasfondo político. “Aquí lo que hay es un interés político por acabar con este modelo a través de todas estas acciones judiciales que han tenido controversia. Ellos piden veinte días para que lo vuelvan a contestar y aclaren seguramente dudas que habrá y esto ya le corresponde a la Imprenta y a la Cancillería”, señaló.
El tribunal, en su auto, dejó claro que la suspensión se mantendrá vigente hasta que las entidades acrediten con información objetiva el estado de ejecución del convenio. No obstante, la decisión no afectó el acuerdo con la Imprenta Nacional Casa da Moeda de Portugal, ni emitió pronunciamiento sobre su legalidad. Tampoco suspendió el Convenio Marco 007 de 2025, que tiene un alcance general de articulación, mientras que el Convenio Marco 006 de 2024 ya había sido liquidado previamente. El órgano judicial expresó dudas sobre el cumplimiento de requisitos presupuestales y el uso de recursos públicos, lo que, según el texto del fallo, podría representar un riesgo para el patrimonio estatal.
