Una revisión de los reportes de campaña de la segunda vuelta electoral del presidente electo Abelardo de la Espriella revela que personas que hicieron aportes en especie a su campaña terminaron ocupando cargos de alto nivel en su gobierno. La investigación de la revista Cambio identificó a Joaquín Gutiérrez, postulado para presidir Ecopetrol; Carlos Ríos, director del Dapre; su hermana Ana María Ríos, tesorera de campaña; y Richard Caicedo, quien asumió la presidencia del Icetex el pasado 18 de agosto. Todos figuran en los informes de ingresos de la campaña presentados ante las autoridades electorales, lo que evidencia una correlación directa entre el respaldo electoral y la posterior designación en cargos públicos.
La financiación de la campaña de segunda vuelta de De la Espriella se sustentó mayoritariamente en dos créditos otorgados por GNB Sudameris por un valor total de 17.669 millones de pesos. El gasto en propaganda electoral fue el rubro más alto, con 12.665 millones de pesos, equivalentes al 71% del total erogado. El principal contratista de esa propaganda fue la firma Industral Party SAS, que recibió 9.665 millones de pesos. Otros pagos relevantes incluyen 344 millones de pesos a Nova Soportes Integral durante la segunda vuelta, luego de haber recibido 1.299 millones en la primera, y 217 millones de pesos a la empresa Searca S.A. por transporte aéreo. Esta última firmó un contrato con la Armada Nacional por 10.127 millones de pesos apenas un día después de la posesión de De la Espriella.
Conexiones empresariales con el Estado
El patrón de coincidencias entre la campaña y la contratación estatal posterior se extiende a otras empresas. Calmori S.A.S., que recibió 5,8 millones de pesos por servicios de transporte durante la campaña, acumulaba contratos con el Estado previos al gobierno por 174.351 millones de pesos. Además, mantenía tres contratos vigentes con la Unidad Nacional de Protección por 117.529 millones de pesos y firmó dos nuevos contratos el 19 de agosto de 2026 por 22.090 millones de pesos. En el ámbito de la administración de campaña, Richard Caicedo recibió siete millones de pesos por labores administrativas durante la segunda vuelta antes de asumir la presidencia del Icetex. Los honorarios totales por labores administrativas ascendieron a 2.422 millones de pesos, de los cuales el 60% se destinaron a la firma Estrategia y Poder, cuyo socio fundador Carlos Suárez declinó una oferta para ocupar un alto cargo en el gobierno.
El límite de gasto de la campaña quedó a solo 566 millones del tope permitido por el Consejo Nacional Electoral, lo que suma a las dudas sobre la legalidad de la financiación. La misma campaña de Iván Cepeda también se acercó al límite legal. El CNE deberá revisar los reportes para verificar el cumplimiento de la normativa y los límites de financiación. La campaña de De la Espriella y la de Cepeda podrían solicitar la reposición de votos si cumplen con las condiciones establecidas. Mientras tanto, la coincidencia entre los aportantes en especie y los beneficiarios de cargos públicos sigue generando preguntas sobre la transparencia del proceso de selección de altos funcionarios.
