El gobierno de Gustavo Petro ejecutó 125.174 millones de pesos en su política de paz total entre agosto de 2022 y junio de 2026. La inversión, que abarcó procesos con seis grupos armados al margen de la ley, no logró acuerdos de paz finales ni el desmantelamiento de las estructuras armadas, de acuerdo con un documento obtenido por El Tiempo. El consolidado del Grupo de Planeación y Finanzas de la Consejería Comisionada de Paz revela que el grueso de los recursos, 107.572 millones de pesos, se destinó a las negociaciones con organizaciones como el ELN, el Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia, Comuneros del Sur, el Estado Mayor de Bloques y Frente, y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Los otros 17.601 millones de pesos se invirtieron en acercamientos con bandas urbanas y de crimen de alto impacto, entre ellas la Shottas, Espartanos, Mexicanos, Locos Yam, estructuras del Valle de Aburrá, Pepes, Costeños, clan del Golfo y Autodefensas de la Sierra. La revelación de estas cifras se conoce tras el desmonte de la política ordenado por el presidente Abelardo de la Espriella, lo que ha dejado al descubierto los costos y la falta de resultados concretos.
Rubros millonarios en transportes, logística y medidas de protección
El informe detalla un desglose de la inversión realizada en las negociaciones con grupos armados. En ese rubro, el transporte aéreo consumió 21.979 millones de pesos, incluyendo traslados a La Habana (Cuba), Ciudad de México (México), Caracas (Venezuela) y Catar. Las medidas de protección representaron otro gasto significativo, con 21.200 millones de pesos. Los honorarios de los equipos negociadores sumaron 18.378 millones de pesos, mientras que la logística para las conversaciones ascendió a 12.712 millones de pesos. La participación de la sociedad civil se financió con 12.146 millones de pesos, y el Comité Nacional de Participación recibió 9.164 millones de pesos. El mecanismo de monitoreo y verificación costó 3.245 millones de pesos, la destrucción de material de guerra 4.080 millones de pesos y las zonas de ubicación temporal 1.043 millones de pesos. En el proceso con bandas urbanas, los honorarios fueron el rubro más alto, con 6.677 millones de pesos, seguidos de la participación de la sociedad civil, con 4.204 millones de pesos. Las medidas de protección para estos espacios de conversación sumaron 2.221 millones de pesos, y el transporte aéreo, que incluyó dos viajes a Catar, representó 1.683 millones de pesos. La logística de estos encuentros costó 1.570 millones de pesos, los tiquetes aéreos 680 millones de pesos, los viáticos y desplazamientos 520 millones de pesos, y el mecanismo de monitoreo 42,7 millones de pesos. Cabe destacar que una de las cinco zonas de ubicación temporal previstas fue la única que funcionó, la de Putumayo, donde actualmente residen 99 integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. El terreno de esta zona está arrendado hasta diciembre de 2026.
Críticas de exnegociadores y un panorama de estancamiento
El balance de la política ha generado reacciones de quienes participaron directamente en los diálogos. Camilo González Posso, exnegociador y presidente de Indepaz, sostuvo que «hay que reconocer que la expectativa no correspondió con la realidad. Se requería una táctica mucho más flexible y allí se presentaron insuficiencias». Por su parte, Armando Novoa, también exnegociador, alertó sobre la situación de los miembros de los grupos que se acogieron al proceso: «Hoy se encuentran en situación de indefensión. El Gobierno nacional tiene oportunidad de concretar su oferta de sometimiento a la justicia».
«Hay que reconocer que la expectativa no correspondió con la realidad. Se requería una táctica mucho más flexible y allí se presentaron insuficiencias»
Camilo González Posso, exnegociador y presidente de Indepaz
El contexto de la fracasada política de paz total revela un escenario complejo. Lejos de reducirse, los grupos armados aumentaron su número de integrantes al cierre del periodo. La fragmentación interna de las organizaciones y las disputas por economías ilícitas alteraron el mapa de las conversaciones. Varios de los jefes que participaron en los diálogos ahora enfrentan la justicia del nuevo gobierno, con órdenes de captura reactivadas y extradiciones previstas a Estados Unidos. Las conversaciones con las bandas urbanas quedaron estancadas por la falta de una ley de sometimiento y estuvieron rodeadas de cuestionamientos por supuestas «gabelas». Como ejemplo de los pocos avances, solo Comuneros del Sur avanzó con la destrucción de más de 500 artefactos explosivos y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano con más de 14 toneladas de material. Uno de los cabecillas abatidos en el proceso fue Naín Andrés Pérez Toncel, del clan del Golfo, en un operativo del 3 de septiembre. La logística de las conversaciones con bandas incluyó un evento conocido como el «tarimazo» en Medellín. Ahora, con el desmonte ordenado por el presidente De la Espriella, la inversión de 125.174 millones de pesos en una política que no logró su objetivo central queda como un dato revelador sobre los costos de una estrategia fallida.
