Tropas de la Séptima División del Ejército Nacional, en coordinación con la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros, la Armada de Colombia y la Fiscalía General de la Nación, inutilizaron once dragas artesanales tipo buzo y decomisaron más de 50 galones de ACPM en el sector de Guarumo, zona rural del municipio de Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño. La operación, desarrollada contra la minería ilegal que financia al Clan del Golfo, representa un golpe a las rentas criminales de la Subestructura Yeison Leudo Chaverra, que dejaba de percibir más de 2.000 millones de pesos mensuales por la explotación ilícita de oro. Los equipos inutilizados, cuyo valor se estima en cerca de 300 millones de pesos, impedirán la producción mensual de aproximadamente 5.500 gramos de dicho metal, según cálculos de las autoridades.
La intervención se enmarca en una ofensiva articulada que busca debilitar la capacidad financiera de los grupos armados organizados que operan en el Bajo Cauca, una subregión estratégica para economías ilegales donde la minería sin control es una de las principales fuentes de financiación. Durante el operativo, las fuerzas militares y judiciales hallaron los complejos mineros funcionando sin permisos legales ni licencia ambiental, lo que también causa un grave daño ecológico a los recursos naturales de la zona. Las autoridades realizaron la inutilización controlada de las dragas para impedir que los elementos pudieran ser reutilizados posteriormente por las estructuras criminales.
Sin capturas pero con impacto financiero
Aunque en el operativo no se reportaron capturas, la afectación económica es significativa: las once dragas artesanales tipo buzo y el combustible decomisado representan una pérdida directa para el Clan del Golfo, que ve reducida su capacidad de extraer oro de manera ilegal. El Ejército Nacional anunció que continuará intensificando las operaciones militares en la subregión para combatir la explotación ilícita de yacimientos mineros y proteger los recursos naturales afectados por esta actividad sin control. La acción se suma a otros golpes recientes contra la minería criminal en Antioquia, donde el Estado busca frenar el flujo de recursos que alimenta la violencia y el despojo ambiental.
