Australia y Nueva Zelanda financiarán un equipo internacional conjunto de investigaciones en Colombia para rastrear cargamentos de droga dirigidos al Pacífico, según anunció en mayo la Policía Federal Australiana (AFP). La iniciativa, presentada por la comisionada Krissy Barrett, busca recopilar pruebas sobre envíos de drogas ilícitas e impedir que lleguen a Australia y otros países del Pacífico, aunque ha generado cuestionamientos por el eventual intercambio de inteligencia con Estados Unidos en medio de un contexto de ataques letales contra embarcaciones señaladas de transportar estupefacientes.
El anuncio se conoció semanas antes de que un informe de Naciones Unidas, divulgado a finales de junio de 2026, revelara que Colombia concentra más de 260.000 hectáreas de cultivos ilícitos, de las cuales al menos 261.000 corresponden a coca. El país produjo 966 toneladas de cocaína en 2024, equivalentes al 40% de la oferta mundial, mientras Australia enfrenta un consumo interno récord: 26,8 toneladas de drogas consumidas entre agosto de 2024 y agosto de 2025, un aumento anual del 21% y un valor estimado de 14.300 millones de dólares australianos, según la Comisión Australiana de Inteligencia Criminal (ACIC).
Una operación conjunta en la selva y el mar
El equipo trabajará con la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la Armada de Colombia, además de autoridades de Estados Unidos, México, Nueva Zelanda, países insulares del Pacífico e Interpol. Agentes de la AFP ya están destacados en Bogotá y han participado en operaciones en zonas remotas de la selva colombiana. «Nuestros miembros de la AFP en Bogotá, junto con las autoridades colombianas, se han desplegado en partes remotas de la selva colombiana para destruir deliberadamente laboratorios de producción de cocaína», afirmó Barrett, quien justificó la iniciativa señalando que «la magnitud y el tráfico marítimo incesante de drogas ilícitas hacia y a través del Pacífico se han convertido en una grave amenaza para la seguridad nacional del Pacífico y Australia». La comisionada insistió en que «es hora de ser más audaces y hacer más».
Según la AFP, desde enero se han incautado 17 toneladas de drogas ilícitas en operativos que impidieron su llegada a Australia, y en los últimos años se han decomisado más de 20 toneladas de cocaína en Colombia. La mayoría de las incautaciones marítimas reportadas hasta julio de 2026 ocurrió en la Polinesia Francesa, sin que agentes australianos participaran físicamente en las interceptaciones y ninguna en aguas territoriales de Australia. Las organizaciones criminales han diversificado sus métodos: desde 2017 las autoridades colombianas detectaron drones capaces de transportar hasta 130 kilos de cocaína a lo largo de 100 kilómetros, y entre 1993 y 2023 se incautaron 228 semisumergibles cargados de droga. Los operativos buscan impactar redes que migraron algunas de sus rutas del Caribe al Pacífico.
Cuestionamientos por transparencia y vínculos con Estados Unidos
La iniciativa ha sido criticada en Australia por la falta de información sobre su presupuesto, el número de agentes destinados a Colombia y los parámetros para medir su efectividad. El senador David Shoebridge, de Los Verdes, advirtió que «Australia no debería participar en la entrega de información a Estados Unidos, sus autoridades militares y policiales, para asesinatos extrajudiciales». En la misma línea, el senador cuestionó que «si el público paga por operaciones policiales en un tercer país, debería existir un objetivo bien definido que permita evaluar si hay una relación costo-beneficio o si es un programa del que Australia deba formar parte».
«La divulgación de las funciones operativas, compromisos de recursos y prioridades estratégicas del equipo afectaría significativamente la confianza con nuestros socios internacionales de aplicación de la ley, los acuerdos de intercambio de inteligencia y las operaciones conjuntas»
AFP, en respuesta a solicitud de información
El ministro de Interior en la oposición australiana, Jonno Duniam, consideró que «las sensibilidades operativas no deberían impedir una transparencia y divulgación adecuadas sobre gastos, objetivos y resultados». La AFP reportó 60 documentos vinculados al plan, entre resúmenes presupuestarios, correos internos y acuerdos, pero se negó a divulgar su contenido. Mientras tanto, desde septiembre de 2025 el Gobierno de Donald Trump declaró que Estados Unidos mantiene un conflicto armado contra organizaciones latinoamericanas vinculadas al narcotráfico; ataques letales en el Pacífico y el Caribe dejaron al menos 221 muertos y fueron cuestionados como posibles ejecuciones extrajudiciales, un antecedente que alimenta las preocupaciones del senador Shoebridge.
Phil Kowalick, exdirectivo de la AFP, estimó que la unidad tendría un número reducido de oficiales y no espera que participen directamente en incursiones en la selva, pero advirtió que, una vez compartidos, es difícil controlar el uso que otra autoridad dé a los datos. La analista Danielle McCarthy-Jones señaló que «hay tanta intermediación entre redes diferentes que este mosaico complejo es tan difícil de desarticular como lo es actualmente». Australia tiene agentes en Colombia desde el año 2000, y esta nueva unidad representa una escalada en una cooperación de más de dos décadas, aunque persisten interrogantes sobre su costo real y sus resultados frente a un fenómeno que sigue creciendo en el Pacífico.
