En una alocución presidencial emitida la noche del domingo 13 de septiembre de 2026, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció la creación de un protocolo nacional que autoriza el ingreso de la Policía a las universidades ante hechos de violencia, una medida que ha generado un intenso debate en el país en torno a los límites de la autonomía universitaria. Al día siguiente, el ministro de Justicia y del Derecho, Iván Cancino González, emitió un comunicado oficial para aclarar la legalidad de la intervención y defender la postura del Gobierno.
La iniciativa, enmarcada en la necesidad de garantizar la seguridad y el orden público, surgió como respuesta a episodios de vandalismo y violencia que han alterado la convivencia en varias universidades públicas. El presidente buscó que la Policía pueda actuar en estos centros educativos, pero la medida fue recibida con opiniones divididas: sectores la respaldan como una herramienta para proteger a la comunidad académica, mientras que otros la cuestionan por una posible vulneración de la autonomía universitaria consagrada en la Constitución.
Legalidad y límites de la intervención
El Ministerio de Justicia fue enfático al sostener que la autonomía universitaria, aunque es una garantía constitucional que debe ser protegida, no implica que las universidades estén por fuera de la Constitución, de la ley o de las competencias legítimas de las autoridades. Según el comunicado, esta autonomía no puede convertirse en una barrera que impida al Estado cumplir sus deberes constitucionales de protección, seguridad y preservación del orden público. La cartera también citó la asistencia militar como una herramienta excepcional, contemplada en el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016, cuya aplicación corresponde al Presidente de la República.
«La autonomía universitaria es una garantía constitucional que debe ser protegida, pero no significa que las universidades estén por fuera de la Constitución, de la ley o de las competencias legítimas de las autoridades»
Ministerio de Justicia y del Derecho, comunicado oficial del 14 de septiembre de 2026
El Ministerio aclaró que frente a manifestaciones pacíficas deben privilegiarse el diálogo, la mediación y las herramientas institucionales previstas para garantizar el ejercicio de los derechos. Sin embargo, cuando se presenten hechos concretos de violencia o cualquier otra circunstancia expresamente prevista en la ley, las autoridades pueden ejercer las facultades que el ordenamiento jurídico les reconoce. La actuación de las autoridades deberá responder a las circunstancias concretas de cada caso, estar jurídicamente sustentada y emplear los medios necesarios y proporcionales para restablecer las condiciones de seguridad y convivencia.
«La autoridad democrática se fortalece cuando hace cumplir la ley con decisión, proporcionalidad y sin arbitrariedad»
Ministerio de Justicia y del Derecho
El Gobierno busca otorgar garantías para que los estudiantes puedan estudiar, debatir o manifestarse sin violencia, pero no permitirá que se altere el orden educativo. La polémica en torno al protocolo promete mantenerse en el debate público, mientras el Ejecutivo se prepara para su implementación, insistiendo en que ninguna institución ni espacio del territorio nacional está por fuera de la Constitución y la ley.
