El concejal de Bogotá Julián Uscátegui Pastrana presentó ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad y una solicitud de suspensión provisional del Decreto 799 de 2025, una norma que modifica las reglas de reparto de acciones de tutela contra actuaciones del presidente de la República. Según el cabildante, el decreto permite que jueces del circuito o de igual categoría conozcan en primera instancia estos recursos, incluyendo temas sensibles como la seguridad nacional y la lucha contra las drogas, lo que a su juicio fragmenta el control judicial y genera un riesgo de fallos contradictorios.
La acción judicial, que no tiene carácter político sino constitucional según su promotor, cuestiona que una norma administrativa pueda alterar principios fundamentales como la igualdad, la seguridad jurídica, el juez natural y la independencia judicial. El Decreto 799 de 2025 transfirió al conocimiento de jueces de la República tutelas que antes eran competencia del Consejo de Estado, sin distinguir especialidad o jurisdicción. La demanda cita como antecedentes dos casos emblemáticos: la decisión de un juez de Puerto Asís, Putumayo, que suspendió la aspersión aérea con glufosinato de amonio, y el fallo del Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras con Enfoque Étnico de Popayán, Cauca, que ordenó suspender órdenes de bombardeo. Estos ejemplos evidencian, según el demandante, cómo la nueva normativa podría llevar a que una misma actuación del Gobierno tenga consecuencias judiciales diferentes según el lugar donde se interponga la tutela.
Los argumentos de la demanda
Uscátegui Pastrana enfatizó que el debate no es político sino estrictamente constitucional. «No podemos permitir que una misma actuación del Gobierno nacional tenga consecuencias judiciales diferentes simplemente por el lugar donde se presenta una tutela. La justicia debe garantizar igualdad, seguridad jurídica y coherencia, especialmente cuando estamos hablando de decisiones que tienen alcance nacional», declaró el concejal. Agregó que «una regla administrativa no puede estar por encima de los principios de igualdad, seguridad jurídica, juez natural e independencia judicial. Lo que estamos pidiendo es que exista un control judicial coherente sobre actuaciones que tienen alcance nacional».
«Esperamos que el magistrado nos dé la razón y devuelva al Consejo de Estado la facultad de resolver temas tan sensibles como los bombardeos y la lucha contra las drogas»
Julián Uscátegui Pastrana, concejal de Bogotá
La demanda se apoya en un auto del Consejo de Estado del 25 de julio de 2023, que reconoció que las actuaciones del presidente generan efectos a nivel nacional e internacional, criterio que el demandante considera plenamente vigente para asuntos de seguridad nacional y combate al narcotráfico. El concejal solicita la suspensión provisional del decreto mientras el tribunal decide de fondo, con el objetivo de evitar que se sigan produciendo decisiones dispersas que, en su opinión, ponen en riesgo la coherencia del ordenamiento jurídico. La controversia, que ahora queda en manos de los magistrados del Consejo de Estado, plantea un dilema central: si el Gobierno podía modificar mediante un decreto administrativo un esquema de reparto de tutelas que tradicionalmente había recaído en la máxima corporación judicial en lo contencioso administrativo.
