La Contraloría de Bogotá estableció un hallazgo fiscal por 6.643 millones de pesos contra el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá debido al pago anticipado de siete máquinas extintoras cuyo contrato venció sin que los vehículos fueran entregados a tiempo. El ente de control determinó que la Unidad Administrativa Especial del Cuerpo Oficial de Bomberos desembolsó el 49 % del valor contractual, equivalente a esa millonaria suma, como anticipo a la Unión Temporal Extintor 4X4, conformada por las empresas 7M Group y KPN Colombia S.A.S., sin recibir oportunamente los bienes. El contrato, firmado en diciembre de 2022, establecía un plazo de 15 meses para la entrega, cuyo vencimiento ocurrió el 28 de febrero de 2024, pero la recepción final de las siete máquinas se prolongó hasta 2026, lo que evidenció fallas graves en la supervisión y control del proceso.
El valor total del contrato ascendió a 14.336 millones de pesos, y el anticipo pagado correspondió exactamente a esa cifra de 6.643 millones, que representaba el 49 % del monto total. Durante la ejecución del contrato se registraron cinco suspensiones entre diciembre de 2023 y junio de 2024, una de ellas de aproximadamente seis meses debido a una inhabilidad sobreviniente que afectó a 7M Group por sanciones y multas en otros contratos. Para poder reactivar la ejecución, se autorizó la cesión del 50 % de la participación de 7M Group a KPN Colombia S.A.S., lo que permitió retomar el proceso, aunque las prórrogas extendieron la entrega mucho más allá del plazo inicial.
Investigación y contexto del hallazgo fiscal
La investigación inició en 2024 a partir de analítica de datos y denuncias presentadas por el Concejo de Bogotá, en el marco de la auditoría al seguimiento de pasivos exigibles de las vigencias 2020 a 2025. El contrato tenía como objetivo adquirir vehículos extintores para reforzar la atención de emergencias en la capital colombiana. La Contraloría encontró deficiencias en el control y vigilancia del contrato, ya que los bienes no fueron recibidos en el plazo estipulado y no se aplicaron oportunamente las medidas por incumplimiento. La decisión del ente de control no cuestiona la recepción final de las máquinas, que efectivamente ocurrió, sino que se centra en las actuaciones de supervisión mientras la entrega permanecía pendiente, lo que derivó en el hallazgo fiscal con posible incidencia disciplinaria.
