La fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, encendió las alarmas en el Congreso de la República al advertir, durante la discusión del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, que los recursos asignados a la entidad son insuficientes y apenas alcanzarían para cubrir la operación durante la mitad del año. En una exposición ante la Comisión Primera del Senado, la jefa del ente acusador detalló que la brecha entre lo requerido y lo proyectado por el Ministerio de Hacienda asciende a 1,49 billones de pesos, una cifra que, según explicó, compromete de manera crítica la continuidad de la acción penal, el pago de obligaciones ineludibles y la prestación del servicio de justicia en todo el territorio nacional.
Mientras la Fiscalía calculó que necesita 8,55 billones de pesos para operar durante la vigencia de 2027, el proyecto de presupuesto presentado por el Gobierno Nacional fijó la partida en 7,06 billones de pesos. Esta diferencia, según la fiscal Camargo, no solo pone en riesgo las investigaciones penales, sino que también impide cumplir con gastos que calificó como “inflexibles”, como los arriendos, la seguridad, el servicio de aseo y, de manera particular, el pago de sentencias judiciales en contra del Estado.
El peso de los gastos inflexibles y la infraestructura
Uno de los puntos más críticos señalados por la fiscal general tiene que ver con la precaria situación de la infraestructura física de la entidad. De acuerdo con sus declaraciones, la Fiscalía tiene actualmente 443 sedes en arrendamiento, una realidad que representa un gasto fijo ineludible. “Hemos hecho un gran esfuerzo por mejorar la cantidad de sedes propias, pero seguimos con una gran cantidad de sedes en arrendamiento, lo cual significa que esos también son gastos inflexibles de los que no podemos prescindir, salvo que dejáramos de estar en esos lugares, que levantáramos sedes de la Fiscalía, que no es el propósito. Todo lo contrario, el propósito nuestro es poder crecer”, sostuvo la funcionaria.
Camargo fue enfática al advertir que las cuentas de la entidad se vieron afectadas por un incremento sustancial en los gastos operativos, derivado del alza del 23 por ciento en el salario mínimo para 2026, que quedó fijado en 1.750.905 pesos más 249.095 pesos de auxilio de transporte. Aunque los cálculos de la Fiscalía incorporaron el IPC, el impacto del aumento salarial en los contratos de seguridad, aseo y otros servicios esenciales desbordó las proyecciones iniciales.
El costo de la mora judicial
Otro de los aspectos que generó preocupación entre los congresistas fue la revelación sobre el rubro destinado al pago de sentencias. La Fiscalía previó una partida de 547.000 millones de pesos para este concepto, pero el presupuesto asignado no la incluye. “Nosotros entendemos los problemas de déficit presupuestal, pero toda la mora que nosotros tengamos en el pago de sentencias en realidad le cuesta muchísimo al Estado. Terminamos pagando tres, cuatro y cinco veces el valor de una acreencia por sentencias”, advirtió la fiscal, dejando entrever que la falta de recursos para este fin podría generar un efecto fiscal adverso aún mayor en el mediano plazo.
La advertencia de la fiscal Camargo se da en el marco de la discusión del PGN 2027, un proyecto que deberá ser votado por el Congreso en los próximos meses. La funcionaria fue clara al señalar que, de no ajustarse la partida, la entidad se enfrentará a un escenario de parálisis investigativa y de colapso en la prestación del servicio de justicia, justo cuando la Fiscalía busca aumentar su presencia institucional en las regiones y no reducirla.
“Lo que se nos está asignando nos alcanzaría para más o menos la mitad del año entrante. Y esa es una gran preocupación, porque hay gastos que nosotros no podemos evadir. Tenemos dificultades, además, en la presupuestación”.
Luz Adriana Camargo, fiscal General de la Nación
