La Corte Constitucional, a través de una Sala de Conjueces que estuvo integrada por ocho juristas, emitió un fallo de gran relevancia para el equilibrio de poderes en Colombia. En la Sentencia C-300 de 2026, el alto tribunal aclaró que el periodo de vacancia judicial, que se extiende desde el 20 de diciembre hasta el 10 de enero de cada año, no puede impedir ni suspender el control automático de constitucionalidad que debe ejercer sobre los decretos legislativos expedidos durante estados de excepción. La ponencia de esta decisión estuvo a cargo del conjuez Luis Hernando Parra Nieto.
El pronunciamiento de la Corte surge como respuesta a la coyuntura generada el 20 de diciembre de 2025, cuando el entonces presidente Gustavo Petro declaró un Estado de Emergencia Económica justo en el momento en que la Rama Judicial había iniciado su receso colectivo. Esta situación abrió un intenso debate jurídico sobre la capacidad del tribunal para revisar de inmediato los decretos, dado que el control automático de constitucionalidad es un mandato constitucional que no depende de una demanda ciudadana ni de la discrecionalidad del tribunal, sino que es obligatorio para todas las medidas legislativas dictadas durante emergencias económicas, sociales o ecológicas.
Regla constitucional sobre la vacancia judicial
En su sentencia, la Sala de Conjueces, compuesta por Antonio Felipe Barreto Rozo, Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, Diana Durán Smela, Álvaro Andrés Motta Navas, Luis Hernando Parra Nieto, Mauricio Alfredo Plazas Vega, Jaime Orlando Santofimio Gamboa y Jaime Humberto Tobar Ordóñez, no eliminó las vacaciones colectivas de la Rama Judicial. Lo que hizo fue precisar que este receso no constituye un obstáculo legal para que la Corte ejerza su función de revisar las medidas extraordinarias del Gobierno. De hecho, dos de los conjueces, Bastidas Bárcenas y Santofimio Gamboa, aclararon su voto, lo que refleja la complejidad y la importancia del asunto tratado.
La decisión establece que el control automático de constitucionalidad tiene prioridad sobre la vacancia judicial. Esto implica que, aunque la administración de justicia esté en un periodo de receso, la Corte Constitucional está en la obligación de activar sus mecanismos para revisar los decretos legislativos que tengan efectos inmediatos sobre derechos fundamentales, gasto público, impuestos, contratación estatal y otras medidas administrativas extraordinarias. La sentencia precisa que la Corte debe garantizar los mecanismos necesarios para ejercer esta función incluso durante el periodo de vacancia.
Detalles del fallo y contexto
Vale la pena recordar que el fallo de fondo respondió a una demanda ciudadana que cuestionaba normas contenidas en la Ley 31 de 1971 y el Decreto 546 de 1971, que regulan las vacaciones colectivas de la Rama Judicial. Si bien la Corte declaró constitucionales los apartes demandados, condicionó su aplicación a la regla ya mencionada sobre el control automático. De esta forma, el tribunal cierra la discusión abierta por la emergencia de diciembre de 2025 y envía un mensaje claro sobre la supremacía de la Constitución sobre los calendarios administrativos.
«El control automático de constitucionalidad es un mandato constitucional que no puede ser suspendido por ningún periodo de vacancia judicial. La Corte debe estar en capacidad de revisar los decretos de emergencia sin interrupciones, dado el impacto inmediato que estos tienen sobre los derechos de los ciudadanos.»
Conjuez ponente Luis Hernando Parra Nieto (interpretación de la sentencia)
Sin embargo, la Sala de Conjueces decidió no pronunciarse de fondo sobre otro de los cargos presentados en la demanda, relacionado con una presunta vulneración del artículo 56 de la Constitución. Este aspecto quedó sin resolver en esta ocasión. Con esta decisión, la Corte Constitucional sienta un precedente clave para futuras declaratorias de estados de excepción, asegurando que el control constitucional opere sin pausas, incluso durante el receso judicial de fin de año.
